El pecado original de los niños indocumentados

Jaime E. Olivares

03 de mayo de 2004

Cientos de miles de niños nacidos en diferentes países de América Latina, principalmente mexicanos y centroamericanos, viven en Estados Unidos una precaria existencia, despojados de muchos derechos y en un constante riesgo de ser deportados, por el sólo “delito” de haber venido aquí ilegalmente con sus padres. Es como su pecado original, como una marca de nacimiento: culpables de algo que jamás cometieron.
Muchos de ellos ni siquiera saben que son indocumentados y suelen enterarse cuando, ya adolescentes, necesitan realizar trámites oficiales relacionados con sus estudios.
Además, con frecuencia son el blanco de ataques racistas por parte de políticos, grupos y organizaciones antiinmigrantes que buscan, por todos los medios, privarlos de los pocos derechos que les quedan, como la educación pública y los programas de salud del gobierno.
Recordemos que la Proposición 187, aprobada en 1994 por una gran mayoría de los votantes californianos tras una campaña de odio sin precedentes contra el inmigrante latino, afectaba desproporcionadamente a los niños. Afortunadamente esa ley fue anulada por las cortes debido a que sus radicales disposiciones eran inconstitucionales, como las que prohibían que las escuelas públicas admitieran estudiantes indocumentados o que las clínicas subsidiadas les proveyeran vacunas u otros servicios médicos.
Aún sin la 187, las condiciones en que se encuentran los menores indocumentados, que ahora son una especie de subclase marginada de nuestra sociedad, constituyen una violación a los derechos humanos y a los derechos del niño, de acuerdo a los principios establecidos por las Naciones Unidas.
Es trágico que niños que se han criado aquí, que han absorbido y asimilado la cultura dominante en las escuelas, que se consideran estadounidenses y cuyo idioma principal es el inglés, descubran de pronto que no son iguales a los demás y que están en un nivel muy inferior al de sus compañeros respecto a la realización de sus potencialidades, aspiraciones y sueños.
Una de las barreras más serias que enfrentan los menores indocumentados es su falta de acceso pleno a la educación, lo que los deja sin los conocimientos y diplomas necesarios para entrar en el cada vez más competitivo mercado laboral.
California dio un paso gigantesco para eliminar, en parte, esa barrera cuando el entonces gobernador Gray Davis firmó, en el año 2001, la ley AB 540, del asambleísta Marco Antonio Firebaugh, que permitió que los estudiantes indocumentados pudieran ingresar a colegios comunitarios y universidades estatales pagando las mismas tarifas que cualquier residente del estado. Para poner un ejemplo del significado de esta ley, baste decir que en el año 2002, cuando se comenzó a aplicar la medida, un estudiante indocumentado pagaba una matrícula de alrededor de cuatro mil dólares en el sistema de la Universidad de California (UC), en lugar de los 15 mil que pagaba antes por no ser considerado residente del estado.
Esta legislación, sin embargo, no soluciona el problema principal de estos estudiantes: su condición migratoria irregular. Debido a que las políticas de inmigración son potestad del gobierno federal, ninguna ley estatal puede modificarlas.
La dramática situación de los estudiantes indocumentados llamó la atención de algunos miembros del Senado federal. Los senadores Orrin Hatch, republicano de Utah, y Richard Durbin, demócrata de Illinois, introdujeron un proyecto de ley bipartidista conocido como Dream Act (S. 1545), que permite a los estados decidir sobre la cláusula de residencia para ingresar a los planteles de educación superior, prohíbe la deportación de estudiantes indocumentados y les da la posibilidad de obtener la residencia legal si cumplen con ciertos requisitos.
El proyecto de ley de Hatch y Durbin cuenta con el respaldo de cerca de 40 senadores federales, pero está inmovilizado en un comité del Senado.
Una legislación similar fue introducida en la Cámara de Representantes por los congresistas Chris Cannon, Lucille Roybal-Allard y Howard Berman. Llamada Ley de Ajuste de Estudiantes (H. R. 1684), básicamente contiene las mismas disposiciones de la iniciativa del Senado dirigidas a impedir la deportación y dar una posibilidad de ajuste migratorio a los estudiantes indocumentados.
También este proyecto de ley, que cuenta con el respaldo de más de 130 congresistas, se encuentra estancado en un subcomité de la Cámara de Representantes, en gran parte debido a la oposición de congresistas republicanos que están siendo fuertemente presionados por organizaciones conservadoras y antiinmigrantes.
Las organizaciones de derechos humanos, de defensa de los niños y grupos comunitarios y educativos deben iniciar una masiva campaña nacional dirigida a presionar por la aprobación de estos proyectos de ley. Hay que sacar de las sombras y de la marginalidad a estos niños que, sin ninguna culpa de su parte, han sido marcados con el hierro de la discriminación y condenados a un futuro sin esperanza.

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