26 abril 2004

Es urgente acabar con el tráfico humano
Jaime E. Olivares
4/26/2004

Las mujeres arrestadas en un motel de Anaheim en febrero, entre ellas una de 14 y otra de 15 años de edad, eran inmigrantes indocumentadas que fueron obligadas a pagar con sexo el costo de cruzar ilegalmente la frontera. Llegaron aquí engañadas por “coyotes” que las entregaron a una mujer que les pagaba por la “mercadería” humana y, junto a sus “socios”, se encargaba de prostituirlas. La intervención de la policía evitó años de esclavitud y quizás una muerte trágica para ellas.
En un burdel del sur de Los Angeles, otro grupo de dos docenas de mujeres indocumentadas, varias de ellas adolescentes, fue rescatado por las autoridades tras recibir la denuncia de un vecino. Las mujeres eran reclutadas en México, donde se les ofrecía trabajos decentes y bien remunerados en California. Una vez aquí, las violaban y las forzaban a ejercer la prostitución.
María Suárez, una inmigrante que saltó a los titulares de todo el país tras obtener su libertad condicional y enfrentar la deportación, pasó 22 años en prisión por conspirar para matar al hombre de Azusa que la “compró” por 200 dólares y la convirtió en su esclava sexual a los 16 años.
La semana pasada, más de cien indocumentados fueron hallados encerrados en una casa de Watts, en condiciones inhumanas y con las ventanas selladas con gruesos barrotes de hierro, donde eran retenidos en espera que sus familiares pagaran un “rescate” de hasta 9,000 dólares por algunos.
Estos y otros ejemplos se repiten a diario en California, especialmente en el área metropolitana de Los Angeles, donde se estima que cerca de 10,000 inmigrantes indocumentados son traídos cada año y obligados a trabajar en la prostitución u otros oficios en condiciones de esclavitud.
La mayoría viven encerrados o escondidos, bajo constantes amenazas contra ellos y sus familias, sin conocimientos del idioma ni de las instituciones que los pueden ayudar, atemorizados por la posibilidad de ser deportados.
El problema no es sólo de California, también existe en Texas, Arizona, Nuevo México, Florida y Nueva York, sólo por mencionar algunos estados de este país.
En España son conocidas las bandas de traficantes humanos que llevan mujeres de Sudamérica para venderlas como prostitutas en Madrid, Barcelona, Sevilla y otras ciudades. En Francia y Alemania, miles de mujeres jóvenes de los empobrecidos países de Europa Oriental o Asia Central son “importadas” clandestinamente cada año para abastecer los mercados del sexo.
La Organización de las Naciones Unidas ha lanzado una campaña para tratar de detener el tráfico humano, que alcanza proporciones inimaginables y genera más de 9 mil millones de dólares en ganancias para los delincuentes que operan gigantescas redes mundiales.
El tráfico humano se ha convertido en el segundo negocio ilegal de mayor volumen en el mundo después de las drogas.
En Estados Unidos se promulgó una ley, en octubre del año 2000, para combatir el tráfico humano y la esclavitud, que ofrece refugio a las víctimas y protección contra sus explotadores.
Volviendo a Los Angeles, el jueves pasado el concejal Tony Cárdenas propuso que la Comisión sobre la Condición de la Mujer forme un equipo especial para identificar recursos de defensa y consejería para las víctimas del tráfico humano y la esclavitud, sin importar su situación migratoria.
La moción de Cárdenas puede ser un gran paso adelante para combatir a las bandas de “coyotes” delincuentes que explotan, torturan y hasta matan a los inmigrantes que vienen aquí en busca de una vida mejor para ellos y sus hijos.
La iniciativa busca también formar una alianza entre el Departamento de Policía de Los Angeles (LAPD) y la Coalición para Abolir la Esclavitud y el Tráfico Humano (CAST), una organización que se formó en 1998, después que decenas de inmigrantes indocumentados procedentes de Asia fueron descubiertos encerrados en un taller de costura clandestino, en El Monte, donde los mantenían trabajando como esclavos.
CAST provee asistencia continua, día y noche, para víctimas de explotación sexual o esclavitud laboral.
Pese al déficit del presupuesto de Los Angeles, que el alcalde James Hahn ha propuesto cubrir recortando servicios, aumentando tarifas y despidiendo personal, la moción de Cárdenas no sólo vale la pena ser considerada sino también convertida en realidad.
Miles de inmigrantes explotados en esta ciudad contarían con un instrumento más para hacer valer sus derechos y salir de una existencia sumida en el terror.
El LAPD tendría, además, una nueva oportunidad de Proteger y Servir, como lo indica su lema, a los residentes más vulnerables de Los Angeles y combatir a una de las clases más deleznables de criminales.

jaime@sierranet.us