Ex jefe de la DINA llevado a prisión
Sentenciado a 12 años por desaparición de opositor a Pinochet
El ex jefe de la DINA, la siniestra policía secreta de Pinochet, Manuel Contreras, fue arrestado hoy, pese a un intento de resistirse a su detención con un arma de fuego, y llevado a los tribunales donde se le notificó de su sentencia a 12 años de prisión por el “secuestro permanente” del militante mirista Miguel Ángel Sandoval.
De acuerdo a la información publicada en periódicos chilenos, Contreras y sus familiares trataron de impedir que la policía entrara a su casa para detenerlo y llevarlo a la corte.
Después de tres horas los agentes lo esposaron y sacaron a la fuerza del domicilio. Al llegar al Palacio de Tribunales, decenas de familiares de detenidos-desaparecidos, torturados y asesinados durante la dictadura de Pinochet le lanzaron huevos, monedas y botellas de agua mientras gritaban “asesino, asesino”.
Tras ser notificado de su sentencia, Contreras, de 75 años, fue trasladado al penal Cordillera donde lo esperaba otro grupo de manifestantes que volvieron a lanzarle objetos y pintura.
La siguiente es una información de Associated Press:
Contreras y otros cuatro ex altos jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional, Dina, fueron condenados a diversas penas de presidio por detención y desaparición de Sandoval, en 1975.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, calificó la situación como "un acontecimiento histórico en donde va a cumplir sentencia la cúpula mayor de la DINA".
Temprano el viernes en la mañana, y mientras Contreras se negaba, en los tribunales fueron notificados el brigadier Miguel Krassnoff Marchenko, condenado a 10 años; el coronel Marcelo Morén, a 11; el brigadier Fernando Laureani, a 5; todos jubilados del ejército, y el coronel César Godoy, a 5 años, un ex policía.
Los cuatro ingresaron por una puerta lateral de los tribunales, a partir de las 07.00 horas, las 10.00 gmt, donde eran esperados por familiares de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, quienes les gritaron "asesinos, asesinos".
Dos horas y media después, los cuatro oficiales fueron trasladados hacia la cárcel Cordillera, habilitada en noviembre al interior del Comando de Telecomunicaciones del ejército, en Peñalolén, en los faldeos cordilleranos.
No es la primera vez que Contreras resiste a la justicia. En 1995 se atrincheró en su fundo de Fresia, en Osorno, 920 kilómetros al sur de Santiago. Salió de allí y se internó en el hospital naval de Talcahuano, 515 kilómetros al sur. Finalmente, se entregó y cumplió la condena de 7 años por la planificación del asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier, en 1976.
La Corte Suprema ratificó en noviembre las sentencias del caso Sandoval y marcó un hito al establecer que la ley de amnistía no se aplica en casos de secuestros permanentes, porque el delito se sigue cometiendo hasta que aparezcan los restos o se sepa qué les ocurrió a los desaparecidos.
Analistas opinan que el fallo sentó jurisprudencia en otros 365 juicios por violaciones a los derechos humanos en que están encausados 160 militares, la mayoría jubilados.
En la misma mañana del viernes fueron anunciadas las condenas a 26 militares jubilados por el asesinato en 1987 de 12 jóvenes del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, incluida una mujer con un embarazo de cuatro meses. Las penas son apelables.
El encarcelamiento de los ex jefes de la Dina se produjo en la misma semana en que la Corte Suprema anunció que los sumarios de los procesos por los abusos de la dictadura deben cerrarse en seis meses y en condiciones de dictar sentencia.
El gobierno también anunció su proyecto de "ley de empalme" para traspasar unos 130.000 juicios pendientes, incluidos los de derechos humanos, en el sistema judicial antiguo al nuevo que regirá desde junio en el Gran Santiago, el que establece dos años para ser investigados.
El gobierno y la Corte afirman que buscan agilizar los juicios, pero activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas aseguran que se trata de una ley de punto final, destinada a cerrar los procesos.
Ambas iniciativas coincidieron con las fuertes críticas del ejército y de ex agentes represivos por la prolongación de sus juicios, reactivadas por el suicidio de un coronel retirado acosado por cuatro procesos y denuncias públicas de sus supuestos delitos.
28 enero 2005
Advierten sobre obstáculos a investigación de crímenes de la dictadura de Pinochet
La organización Human Rights Watch advirtió ayer que una resolución de la Corte Suprema de Chile podría socavar los esfuerzos por esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, al limitar a seis meses el plazo para terminar las investigaciones sobre los abusos perpetrados.
El siguiente es parte del comunicado de HRW:
"El sistema de justicia chileno estaba realizando finalmente avances en estos casos, sobre todo gracias a los recientes fallos de la Corte Suprema que sostuvieron el principio de que las violaciones de los derechos humanos deben ser investigadas exhaustivamente y enjuiciadas", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. "Ahora, después de una campaña concertada de antiguos oficiales militares para recortar estas investigaciones, la Corte y el gobierno han elegido abandonar este principio y promover la impunidad", agregó.
Para justificar las instrucciones del cierre de estos casos, la Corte citó las normas internacionales que establecen el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable de tiempo. Sin embargo, muchas de las investigaciones se encuentran en una fase tan preliminar que no se han identificado o formulado cargos contra sospechosos.
"Este razonamiento es absurdo", dijo Vivanco. "¿Cómo se puede hablar de derechos de los acusados en casos en los que todavía no se ha acusado a nadie?", preguntó.
De acuerdo con las reglas normales de procedimiento penal en Chile, los propios jueces determinan en qué momento debe cerrarse una investigación penal que esté arrojando escasos resultados. Las instrucciones de la Corte, dictadas el martes, sólo conceden seis meses a los jueces para procesar a los sospechosos o, si se carece de pruebas para enjuiciarlos, cerrar la investigación.
El presidente de la Corte, Marcos Libedinsky, negó que el límite de tiempo fuera a detener completamente las investigaciones judiciales. Señaló que los familiares de las víctimas aún podían apelar el cierre de los casos argumentando que todavía tenían que realizarse averiguaciones específicas. Sin embargo, una vez que se completen dichas averiguaciones, el juez tendría la obligación de dictar auto de procesamiento o cerrar el caso. Aunque el Estado tiene la obligación de garantizar que se investigan las violaciones graves de los derechos humanos y se piden cuentas a los responsables, esta medida trasladaría la carga de reabrir los casos a los familiares de las víctimas.
En un voto disidente, dos ministros de la Corte Suprema, José Benquis y José Luis Pérez, sostuvieron que la Corte se había excedido en sus poderes al imponer un límite de tiempo sobre las investigaciones, una opinión compartida por algunos expertos constitucionalistas y legisladores.
Sin embargo, el Presidente Lagos aplaudió la resolución de la Corte y dijo que sintonizaba con las medidas gubernamentales para encontrar una fórmula para acelerar los juicios. Ayer, el Ministro de Justicia Luis Bates anunció que el gobierno introduciría un proyecto de ley en marzo para que los juicios sobre derechos humanos sean compatibles con el nuevo código de procedimiento penal que debe entrar en vigor en todo el país en junio. De acuerdo con las propuestas del gobierno, las investigaciones de crímenes contra los derechos humanos que llevan en curso más de 18 meses tendrían que cerrarse en un plazo de seis meses.
Las medidas anunciadas por la Corte Suprema y el gobierno esta semana han estado precedidas por una larga campaña militar para limitar las investigaciones judiciales sobre derechos humanos. Aunque se ha mantenido silencio sobre asuntos cruciales como el paradero de cientos de presos "desaparecidos", los antiguos oficiales procesados ahora se han quejado amargamente de los retrasos en los juicios. El Comandante del Ejército, el General Juan Emilio Cheyre, ha presionado persistentemente al gobierno para que adopte medidas para acelerarlos.
"Es irónico que antiguos oficiales militares se quejen de los retrasos en sus casos cuando el verdadero impedimento en todo el proceso ha sido su propia negativa a cooperar con los investigadores", señaló Vivanco. "Lamentablemente, parece que tanto el gobierno como la mayoría de los ministros de la Corte Suprema se han creído ahora su argumento", agregó.
La organización Human Rights Watch advirtió ayer que una resolución de la Corte Suprema de Chile podría socavar los esfuerzos por esclarecer los crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, al limitar a seis meses el plazo para terminar las investigaciones sobre los abusos perpetrados.
El siguiente es parte del comunicado de HRW:
"El sistema de justicia chileno estaba realizando finalmente avances en estos casos, sobre todo gracias a los recientes fallos de la Corte Suprema que sostuvieron el principio de que las violaciones de los derechos humanos deben ser investigadas exhaustivamente y enjuiciadas", señaló José Miguel Vivanco, Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch. "Ahora, después de una campaña concertada de antiguos oficiales militares para recortar estas investigaciones, la Corte y el gobierno han elegido abandonar este principio y promover la impunidad", agregó.
Para justificar las instrucciones del cierre de estos casos, la Corte citó las normas internacionales que establecen el derecho del acusado a ser juzgado en un plazo razonable de tiempo. Sin embargo, muchas de las investigaciones se encuentran en una fase tan preliminar que no se han identificado o formulado cargos contra sospechosos.
"Este razonamiento es absurdo", dijo Vivanco. "¿Cómo se puede hablar de derechos de los acusados en casos en los que todavía no se ha acusado a nadie?", preguntó.
De acuerdo con las reglas normales de procedimiento penal en Chile, los propios jueces determinan en qué momento debe cerrarse una investigación penal que esté arrojando escasos resultados. Las instrucciones de la Corte, dictadas el martes, sólo conceden seis meses a los jueces para procesar a los sospechosos o, si se carece de pruebas para enjuiciarlos, cerrar la investigación.
El presidente de la Corte, Marcos Libedinsky, negó que el límite de tiempo fuera a detener completamente las investigaciones judiciales. Señaló que los familiares de las víctimas aún podían apelar el cierre de los casos argumentando que todavía tenían que realizarse averiguaciones específicas. Sin embargo, una vez que se completen dichas averiguaciones, el juez tendría la obligación de dictar auto de procesamiento o cerrar el caso. Aunque el Estado tiene la obligación de garantizar que se investigan las violaciones graves de los derechos humanos y se piden cuentas a los responsables, esta medida trasladaría la carga de reabrir los casos a los familiares de las víctimas.
En un voto disidente, dos ministros de la Corte Suprema, José Benquis y José Luis Pérez, sostuvieron que la Corte se había excedido en sus poderes al imponer un límite de tiempo sobre las investigaciones, una opinión compartida por algunos expertos constitucionalistas y legisladores.
Sin embargo, el Presidente Lagos aplaudió la resolución de la Corte y dijo que sintonizaba con las medidas gubernamentales para encontrar una fórmula para acelerar los juicios. Ayer, el Ministro de Justicia Luis Bates anunció que el gobierno introduciría un proyecto de ley en marzo para que los juicios sobre derechos humanos sean compatibles con el nuevo código de procedimiento penal que debe entrar en vigor en todo el país en junio. De acuerdo con las propuestas del gobierno, las investigaciones de crímenes contra los derechos humanos que llevan en curso más de 18 meses tendrían que cerrarse en un plazo de seis meses.
Las medidas anunciadas por la Corte Suprema y el gobierno esta semana han estado precedidas por una larga campaña militar para limitar las investigaciones judiciales sobre derechos humanos. Aunque se ha mantenido silencio sobre asuntos cruciales como el paradero de cientos de presos "desaparecidos", los antiguos oficiales procesados ahora se han quejado amargamente de los retrasos en los juicios. El Comandante del Ejército, el General Juan Emilio Cheyre, ha presionado persistentemente al gobierno para que adopte medidas para acelerarlos.
"Es irónico que antiguos oficiales militares se quejen de los retrasos en sus casos cuando el verdadero impedimento en todo el proceso ha sido su propia negativa a cooperar con los investigadores", señaló Vivanco. "Lamentablemente, parece que tanto el gobierno como la mayoría de los ministros de la Corte Suprema se han creído ahora su argumento", agregó.
27 enero 2005
La sombra de Auschwitz
Cuando estaba en la universidad tenía una amiga judía cuya mamá había sobrevivido, de niña, a uno de los campos de exterminio nazis. No estoy seguro si era Auschwitz u otro, pero ella fue mi primer contacto real con la mayor tragedia del Siglo XX.
Hasta entonces, todo lo que sabía acerca de torturas, masacres colectivas, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial era lo que leía en los aburridos libros de historia y lo que veía en las esterilizadas películas de Hollywood.
Pero la señora Rebeca, la mamá de mi amiga, me enseñó la historia viva. Como a la tercera visita a su casa, me mostró el número que tenía grabado para siempre en su brazo. Y luego fue sacando las fotos. Esas imágenes escalofriantes de seres famélicos, esqueléticos, los ojos hundidos por el hambre y muy abiertos por el terror. Fotos de soldados nazis amontonando cadáveres en zanjas cavadas en la tierra como anónimas tumbas colectivas. Fotos de filas de judíos entrando desnudos a las cámaras de gas.
-¿Cómo consiguió las fotos?, le pregunté.
-Porque los nazis tomaban fotos de todo lo que hacían y también filmaban, me dijo ella, agregando que la mayoría de esas fotos están en todas las bibliotecas y museos sobre el Holocausto, y muchas familias judías las guardan para que sus hijos y nietos no olviden.
La señora Rebeca me contó muchas historias acerca de su terrible infancia y adolescencia en la Europa de la guerra y la posguerra. Mucho más que todo lo que yo había leído antes. Me contó detalles perturbadores que soy incapaz de reproducir aquí, pero que me dejaron una huella muy honda.
Tal vez en el idealismo de la juventud uno no estaba preparado para aceptar realidades tan pavorosas como esa. Hasta ese momento, para mí esos hechos pertenecían a las películas, a un mundo casi ficticio que no tocaba directamente mi existencia. Pero tras conocer a Sara y a su mamá mi percepción cambió.
Muy poco después, los residuos del nazismo, que se mantenían vivos en algunos países sudamericanos, me golpearon como un latigazo y trastornaron completamente mi vida lanzándome al exilio. Me quitaron mi patria, me apartaron de mi familia, me robaron mi futuro.
Quizás por eso hoy, cuando se conmemoran 60 años de la liberación de Auschwitz, siento todavía esas sombras del pasado que de alguna manera siguen obscureciendo partes de mi memoria.
Cuando estaba en la universidad tenía una amiga judía cuya mamá había sobrevivido, de niña, a uno de los campos de exterminio nazis. No estoy seguro si era Auschwitz u otro, pero ella fue mi primer contacto real con la mayor tragedia del Siglo XX.
Hasta entonces, todo lo que sabía acerca de torturas, masacres colectivas, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial era lo que leía en los aburridos libros de historia y lo que veía en las esterilizadas películas de Hollywood.
Pero la señora Rebeca, la mamá de mi amiga, me enseñó la historia viva. Como a la tercera visita a su casa, me mostró el número que tenía grabado para siempre en su brazo. Y luego fue sacando las fotos. Esas imágenes escalofriantes de seres famélicos, esqueléticos, los ojos hundidos por el hambre y muy abiertos por el terror. Fotos de soldados nazis amontonando cadáveres en zanjas cavadas en la tierra como anónimas tumbas colectivas. Fotos de filas de judíos entrando desnudos a las cámaras de gas.
-¿Cómo consiguió las fotos?, le pregunté.
-Porque los nazis tomaban fotos de todo lo que hacían y también filmaban, me dijo ella, agregando que la mayoría de esas fotos están en todas las bibliotecas y museos sobre el Holocausto, y muchas familias judías las guardan para que sus hijos y nietos no olviden.
La señora Rebeca me contó muchas historias acerca de su terrible infancia y adolescencia en la Europa de la guerra y la posguerra. Mucho más que todo lo que yo había leído antes. Me contó detalles perturbadores que soy incapaz de reproducir aquí, pero que me dejaron una huella muy honda.
Tal vez en el idealismo de la juventud uno no estaba preparado para aceptar realidades tan pavorosas como esa. Hasta ese momento, para mí esos hechos pertenecían a las películas, a un mundo casi ficticio que no tocaba directamente mi existencia. Pero tras conocer a Sara y a su mamá mi percepción cambió.
Muy poco después, los residuos del nazismo, que se mantenían vivos en algunos países sudamericanos, me golpearon como un latigazo y trastornaron completamente mi vida lanzándome al exilio. Me quitaron mi patria, me apartaron de mi familia, me robaron mi futuro.
Quizás por eso hoy, cuando se conmemoran 60 años de la liberación de Auschwitz, siento todavía esas sombras del pasado que de alguna manera siguen obscureciendo partes de mi memoria.
15 enero 2005
Pinochet responzabilizado de asesinato de periodista estadounidense
Para quienes vieron la película “Missing”, esta noticia les va a interesar: los abogados de la viuda de Charles Horman, el periodista ejecutado poco después del golpe militar de Pinochet, en Chile, pedirán el desafuero del ex dictador para someterlo a juicio.
Los abogados que representan a la viuda de Horman son Fabiola Letelier y Sergio Corvalán. Fabiola es hermana del ex canciller chileno Orlando Letelier, quien fuera asesinado en Washington en 1976, como parte de la Operación Cóndor.
Esta es la noticia de UPI:
Los juristas indicaron que el curso de de la investigación ha establecido que existen sospechas fundadas de la responsabilidad del ex gobernante de facto en este crimen perpetrado tras el golpe militar de 1973.
El ministro en visita que instruye la causa, Jorge Zepeda, indaga el secuestro, homicidio calificado, torturas, exhumación ilegal y otros delitos tras el derrocamiento de Salvador Allende. El cadáver del periodista fue encontrado en el Cementerio General, lugar donde había sido enterrado clandestinamente.
Al momento de su arresto, Horman se encontraba en Chile investigando las actividades de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en contra del gobierno de Allende. Tras el golpe de Estado fue detenido por una patrulla militar y llevado al Estadio Nacional, desde donde habría sido sacado con vida.
El caso inspiró la filmación de la galardonada película Missing, del director griego Constantin Costa Gavras, quien recreó la detención del reportero y los esfuerzos de sus familiares por esclarecer las circunstancias en que Horman fue asesinado.
Corvalán dijo que la parte querellante espera que se concluyan algunas diligencias, que son muy importantes y que permitirán determinar la clara responsabilidad "de Pinochet y sus colaboradores, que hasta el día de hoy no han tenido una incriminación en la causa, precisamente por el aparataje de impunidad que rodeaba a Pinochet, pero las investigaciones han permitido esclarecer el "modus operandis" de las órdenes dadas a alto nivel, especialmente en los días posteriores al 11 de septiembre y hasta la creación formal de la DINA".
Los profesionales se reunieron en el Palacio de los Tribunales con el juez Juan Guzmán Tapia, quien comenzó las indagatorias y, posteriormente, por exceso de trabajo debió traspasárselo a Zepeda.
Al término del encuentro, Joyce Horman, dijo estar confiada en los avances de la causa y que las pesquisas emprendidas por los magistrados han permitido dilucidar los hechos denunciados, "porque creo que muy pronto van haber sentencias para los culpables y pronto sabremos más cosas sobre todo esto, pero el juez ha avanzado mucho y en algún tiempo más van haber novedades".
"Tengo mucha confianza en la justicia chilena, pese que a que es un precedente seguro, porque es la primera vez que esto ha pasado en un país que tiene culpa histórica y los procesos jurídicos crecen fuertemente y son una señal para el Mundo", sostuvo la mujer, quien destacó el rol que jugó el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien permitió la desclasificación de los documentos secretos sobre los sucesos acontecidos desde comienzos de la década del 60 y 70 en Latinoamérica.
La querella interpuesta inicialmente por Joyce Horman el 2 de diciembre del 2000 mencionaba al general Augusto Pinochet, ex comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta Militar; coronel Victor Barría Barría, ex subjefe de la disuelta Dirección de Inteligencia del Ejército; general Hermann Brady Roche, ex comandante de la II División de Ejército y jefe de la Zona en Estado de Sitio correspondiente a Santiago.
También se consigna la responsabilidad que les cabe al coronel Jaime Espinoza Ulloa, ex comandante del Campo de Prisioneros del Estadio Nacional (fallecido en 2003); Pedro Espinoza Bravo, entonces director de la Escuela de Inteligencia del Ejército; Ariel Gonzalez Cornejo, coronel del Ejercito en retiro integrante del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Luis Contreras Prieto, mayor en retiro del Ejército.
La querella además buscar aclarar los hechos relacionados a la ejecución de otro norteamericano, Frank Teruggi.
Más de 16.000 documentos de la CIA, del Pentágono, del F.B.I. y de otras agencias norteamericanas fueron desclasificados entre 1999 y el año 2000 bajo la Ley de Libertad de Información. Varios documentos relevantes al caso Horman se refieren al agente encubierto Rafael González quien estuvo en el Consulado de Chile en Nueva York entre 1969 y 1972. Entre ellos está la transcripción de una entrevista que realizaron dos periodistas Frank Manitzas de CBS y Joann Omang del Washington Post, los días 7 y 8 de junio de 1976.
La entrevista transcurrió en la embajada de Italia en Santiago donde, junto a su esposa e hijo, González se había refugiado buscando el asilo político para supuestamente abandonar sus funciones de inteligencia.
González reveló a los reporteros que estuvo presente en el noveno piso del Ministerio de Defensa, oficina del general Augusto Lutz cuando el director de Inteligencia del Ejército dio el orden de matar al periodista Charles Horman. También reconoció haber jugado un papel clave en ubicar los restos de Horman en el Cementerio General.
La investigación que lleva Zepeda ha comprobado la participación de González en la planificación del secuestro, la ejecución del secuestro, la interrogación bajo tormento, la inhumación ilegal y la exhumación ilegal del periodista.
El juez llegó al convencimiento de que González participó por lo menos como cómplice en todas estas actividades que contribuyeron al homicidio de Horman y posterior ocultamiento.
En octubre de 1973 la familia Horman repetidamente intentó retirar el cuerpo de la morgue y repetidamente se le fue negado por motivos técnicos.
Los restos del profesional fueron enterrados y exhumados tres veces. Antes de su primer entierro, el cuerpo sin vida de Charles Horman estuvo por lo menos dos semanas sin refrigeración con lo cual no era posible una identificación eficaz por medio de huellas dactilares. Miembros del Senado norteamericano presionaron a su gobierno, amenazando con no dar la autorización para el suministro de armamento solicitado por la Junta Militar chilena.
En marzo de 1974, siete meses después de los hechos antes relatados, la familia recibió un telegrama del secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, el cual comunicó que el gobierno de Chile decidió aprobar su solicitud para enviarles los restos de Charles Horman. Además, el telegrama les informó que la embajada EEUU en Santiago requería el pago de US$900 para cubrir los costos del transporte a Nueva York de su ser querido asesinado en Chile.
El abogado Sergio Corvalán sostuvo que "González no es un civil cualquiera. Hay presunción y pruebas independiente de lo que él diga o no diga". Existen pruebas de que no era mero testigo "sino hechor y debe ser tratado como tal."
A pesar de la enorme cantidad de documentación que existe y de las personas que se interesan en determinar lo que sucedió, tanto en Chile como en Estados Unidos, no hay claridad en cuanto a todos quienes participaron en el crimen.
Los querellantes piensan que además de González participaron una treintena de personas en un complot que llevó a cabo el delito y lo siguió ocultando.
Para quienes vieron la película “Missing”, esta noticia les va a interesar: los abogados de la viuda de Charles Horman, el periodista ejecutado poco después del golpe militar de Pinochet, en Chile, pedirán el desafuero del ex dictador para someterlo a juicio.
Los abogados que representan a la viuda de Horman son Fabiola Letelier y Sergio Corvalán. Fabiola es hermana del ex canciller chileno Orlando Letelier, quien fuera asesinado en Washington en 1976, como parte de la Operación Cóndor.
Esta es la noticia de UPI:
Los juristas indicaron que el curso de de la investigación ha establecido que existen sospechas fundadas de la responsabilidad del ex gobernante de facto en este crimen perpetrado tras el golpe militar de 1973.
El ministro en visita que instruye la causa, Jorge Zepeda, indaga el secuestro, homicidio calificado, torturas, exhumación ilegal y otros delitos tras el derrocamiento de Salvador Allende. El cadáver del periodista fue encontrado en el Cementerio General, lugar donde había sido enterrado clandestinamente.
Al momento de su arresto, Horman se encontraba en Chile investigando las actividades de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en contra del gobierno de Allende. Tras el golpe de Estado fue detenido por una patrulla militar y llevado al Estadio Nacional, desde donde habría sido sacado con vida.
El caso inspiró la filmación de la galardonada película Missing, del director griego Constantin Costa Gavras, quien recreó la detención del reportero y los esfuerzos de sus familiares por esclarecer las circunstancias en que Horman fue asesinado.
Corvalán dijo que la parte querellante espera que se concluyan algunas diligencias, que son muy importantes y que permitirán determinar la clara responsabilidad "de Pinochet y sus colaboradores, que hasta el día de hoy no han tenido una incriminación en la causa, precisamente por el aparataje de impunidad que rodeaba a Pinochet, pero las investigaciones han permitido esclarecer el "modus operandis" de las órdenes dadas a alto nivel, especialmente en los días posteriores al 11 de septiembre y hasta la creación formal de la DINA".
Los profesionales se reunieron en el Palacio de los Tribunales con el juez Juan Guzmán Tapia, quien comenzó las indagatorias y, posteriormente, por exceso de trabajo debió traspasárselo a Zepeda.
Al término del encuentro, Joyce Horman, dijo estar confiada en los avances de la causa y que las pesquisas emprendidas por los magistrados han permitido dilucidar los hechos denunciados, "porque creo que muy pronto van haber sentencias para los culpables y pronto sabremos más cosas sobre todo esto, pero el juez ha avanzado mucho y en algún tiempo más van haber novedades".
"Tengo mucha confianza en la justicia chilena, pese que a que es un precedente seguro, porque es la primera vez que esto ha pasado en un país que tiene culpa histórica y los procesos jurídicos crecen fuertemente y son una señal para el Mundo", sostuvo la mujer, quien destacó el rol que jugó el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien permitió la desclasificación de los documentos secretos sobre los sucesos acontecidos desde comienzos de la década del 60 y 70 en Latinoamérica.
La querella interpuesta inicialmente por Joyce Horman el 2 de diciembre del 2000 mencionaba al general Augusto Pinochet, ex comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta Militar; coronel Victor Barría Barría, ex subjefe de la disuelta Dirección de Inteligencia del Ejército; general Hermann Brady Roche, ex comandante de la II División de Ejército y jefe de la Zona en Estado de Sitio correspondiente a Santiago.
También se consigna la responsabilidad que les cabe al coronel Jaime Espinoza Ulloa, ex comandante del Campo de Prisioneros del Estadio Nacional (fallecido en 2003); Pedro Espinoza Bravo, entonces director de la Escuela de Inteligencia del Ejército; Ariel Gonzalez Cornejo, coronel del Ejercito en retiro integrante del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Luis Contreras Prieto, mayor en retiro del Ejército.
La querella además buscar aclarar los hechos relacionados a la ejecución de otro norteamericano, Frank Teruggi.
Más de 16.000 documentos de la CIA, del Pentágono, del F.B.I. y de otras agencias norteamericanas fueron desclasificados entre 1999 y el año 2000 bajo la Ley de Libertad de Información. Varios documentos relevantes al caso Horman se refieren al agente encubierto Rafael González quien estuvo en el Consulado de Chile en Nueva York entre 1969 y 1972. Entre ellos está la transcripción de una entrevista que realizaron dos periodistas Frank Manitzas de CBS y Joann Omang del Washington Post, los días 7 y 8 de junio de 1976.
La entrevista transcurrió en la embajada de Italia en Santiago donde, junto a su esposa e hijo, González se había refugiado buscando el asilo político para supuestamente abandonar sus funciones de inteligencia.
González reveló a los reporteros que estuvo presente en el noveno piso del Ministerio de Defensa, oficina del general Augusto Lutz cuando el director de Inteligencia del Ejército dio el orden de matar al periodista Charles Horman. También reconoció haber jugado un papel clave en ubicar los restos de Horman en el Cementerio General.
La investigación que lleva Zepeda ha comprobado la participación de González en la planificación del secuestro, la ejecución del secuestro, la interrogación bajo tormento, la inhumación ilegal y la exhumación ilegal del periodista.
El juez llegó al convencimiento de que González participó por lo menos como cómplice en todas estas actividades que contribuyeron al homicidio de Horman y posterior ocultamiento.
En octubre de 1973 la familia Horman repetidamente intentó retirar el cuerpo de la morgue y repetidamente se le fue negado por motivos técnicos.
Los restos del profesional fueron enterrados y exhumados tres veces. Antes de su primer entierro, el cuerpo sin vida de Charles Horman estuvo por lo menos dos semanas sin refrigeración con lo cual no era posible una identificación eficaz por medio de huellas dactilares. Miembros del Senado norteamericano presionaron a su gobierno, amenazando con no dar la autorización para el suministro de armamento solicitado por la Junta Militar chilena.
En marzo de 1974, siete meses después de los hechos antes relatados, la familia recibió un telegrama del secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, el cual comunicó que el gobierno de Chile decidió aprobar su solicitud para enviarles los restos de Charles Horman. Además, el telegrama les informó que la embajada EEUU en Santiago requería el pago de US$900 para cubrir los costos del transporte a Nueva York de su ser querido asesinado en Chile.
El abogado Sergio Corvalán sostuvo que "González no es un civil cualquiera. Hay presunción y pruebas independiente de lo que él diga o no diga". Existen pruebas de que no era mero testigo "sino hechor y debe ser tratado como tal."
A pesar de la enorme cantidad de documentación que existe y de las personas que se interesan en determinar lo que sucedió, tanto en Chile como en Estados Unidos, no hay claridad en cuanto a todos quienes participaron en el crimen.
Los querellantes piensan que además de González participaron una treintena de personas en un complot que llevó a cabo el delito y lo siguió ocultando.
04 enero 2005
Ratifican juicio contra Pinochet
La Corte Suprema de Chile ratificó hoy que el ex dictador Augusto Pinochet debe ser enjuiciado por un homicidio y nueve secuestros perpetrados como parte de la sangrienta Operación Cóndor, que involucró a los regímenes militares de seis países sudamericanos durante la décadas de los 70 y 80.
Este es apenas uno de los miles de casos de violaciones a los derechos humanos que se registraron durante los 17 años de dictadura de Pinochet. Pero es el comienzo del fin del anciano tirano, que después de 30 años comienza a verse abandonado por sus antiguos secuaces y se enfrenta a la pesadilla que siempre temió se hiciera realidad: ser llevado a la justicia por sus crímenes.
De nada le sirvió crear una elaborada constitución diseñada para mantenerlo en el poder y liberarlo de toda responsabilidad por las atrocidades cometidas. De nada le sirvió nombrar jueces que sólo obedecieran sus órdenes y caprichos. De nada le sirvió acallar las voces de denuncia, ocultar los cadáveres y desterrar a los críticos.
Al final, la verdad se fue conociendo. La tierra y el mar devolvieron los muertos, los labios sellados se abrieron y poco a poco la historia reconstruida fue saliendo de las sombras.
Más de 2,000 personas fueron asesinadas, más mil desaparecieron y más de 28,000 fueron torturadas. Ese es el legado que dejó Pinochet y por el que tarde o temprano tendrá que pagar. Ahora parece que ha llegado el momento. Mañana miércoles Pinochet será notificado de que hay un juicio en su contra. El primero de los muchos que podrían seguir. Miles de familias están esperando ver al antiguo dictador responder ante la justicia de sus crímenes. Entre ellas, las hijas del ex general Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires, junto a su esposa, por oponerse al golpe; los de Orlando Letelier, asesinado en Washington por denunciar la dictadura; los de José Tohá, prisionero en la Isla Dawson donde las torturas, la desnutrición y el clima lo llevaron a la muerte, y los de miles de otros asesinados o torturados por atreverse a soñar con un Chile mejor.
El escritor Luis Sepúlveda expresó su reacción a la noticia del procesamiento de Pinochet en un artículo para ATTAC Chile, una publicación en el Internet del Foro Social chileno.
El Día más esperado
Luis Sepúlveda
Enero 2005
Hace pocas horas despedía a mi hijo Sebastián en el aeropuerto de Gijón. Como siempre disfracé la tristeza del adiós con un par de chistes, y vi como mi joven hombre de veinte años, de la mano de su chica, me hacía señas antes de subir a la sala de embarque. Como siempre, porque el hombre es animal de costumbres protectoras por absurdas que éstas parezcan, permanecí ahí hasta que el avión despegó. Como siempre, hice un recuento de las días y horas compartidos, y me detuve en el recuerdo de una caminata por la playa solitaria mientras él me pedía que le contara mi último viaje a Chile. Emocionado le narré que había sido un buen viaje, que me había reencontrado con mis viejos amigos, con mis queridos compañeros de la guardia del presidente Allende, y que lentamente empezaba a planear mi regreso.
Mi hijo lucía con orgullo una camiseta del Foro Social Chileno, el bello dibujo de Federica Matta resplandecía con la luz marina. - ¿Esa bestia sigue ahí, sin que lo toquen?, preguntó de pronto.
Sí, la bestia, el criminal, el asesino, el ladrón seguía en Chile, protegido por la más odiosa impunidad.
-Lo pasaremos bien en Chile. Tendré un par de caballos- respondí para conjurar esa presencia avergonzante.
Cuando el vuelo de mi hijo desapareció del panel de información regresé al auto, eché a andar el motor, y entonces el milagro de la radio me entregó la noticia más esperada: la Corte Suprema de Justicia rechazaba el recurso de amparo presentado por la defensa de la bestia, del criminal, del asesino, del ladrón, y sería sometido al juicio que espera la sociedad chilena, los chilenos que viven entre la cordillera y el mar, los que viven en la diáspora, los que nacieron bajo otros cielos y han crecido con nuestro amor por el lejano país salpicado de islas.
Confieso que creí que este día tan esperado no llegaría jamás, y no por desconfianza en la justicia, sino en los encargados de administrarla. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si los tribunales chilenos hubiesen aceptado los recursos de amparo presentados por los familiares de los desaparecidos, de los asesinados en los centros de detención y tortura, de los degollados a medianoche y en horas en que sólo los criminales podían moverse por las calles de Chile?
Entre 1973 y 1989 se presentaron miles de recursos de amparo, los familiares acudían con testigos que habían presenciado las detenciones, los secuestros, los robos de personas, y ninguno fue aceptado pues la justicia chilena estaba en manos de prevaricadores, de cómplices del dictador.
No creí posible este día, pero al mismo tiempo, porque conozco y admiro la historia cívica de mi país, siempre intenté convencerme de que el juicio a Pinochet empezó cuando el último defensor del palacio de La Moneda disparó el último tiro en defensa de la constitución y la legalidad.
No será juzgado por todos sus crímenes, sino por algunos, tan salvajes y bestiales como todos los que ordenó desde su cobardía de sátrapa, desde su vileza de ser mediocre y obtuso, desde el hedor de su traición. Pero será juzgado, con todas las garantías que nosotros no tuvimos, y nos alegra que así sea porque creemos en la justicia.
Es deber de todos velar porque no le ocurra nada, que su salud se mantenga, que no le falte nada, y si es preciso hacer una colecta pública para mantenerlo vivo, pues la hacemos,¿cuánto hay que poner? Lo que importa es que mi hijo, los hijos de todos los que sufrieron, y las viudas, y los padres que enterraron a sus hijos, y las novias de ajuar frustrado, y las abuelas que se quedaron con los mimos sin dueño, vean a la bestia fascista, al criminal a sueldo, al asesino de sueños, al ladrón de vidas y de bienes, fotografiado de frente y de perfil, con el número de reo bajo la quijada, estampando las huellas digitales de sus zarpas con la tinta negra de la vergüenza. Eso es lo que importa.
Mientras escribo estas líneas, mi hijo Sebastián vuela rumbo a Alemania y yo recuerdo el paseo por la playa desierta. Ahí le conté de mi regreso a El Cañaveral, aquel lugar sagrado entre los montes en donde el Dispositivo de Seguridad del Presidente Allende, el GAP, se preparaba para defender la vida de nuestros dirigentes, de los encargados de hacer realidad el más bello sueño colectivo de mi generación. Ahí, junto a “Patán”, “Galo”, “El Pelao” y otros de los mejores, de los más valientes compañeros que he conocido y cuya amistad es mi gran orgullo, simplemente recordábamos aquel sueño lleno de anécdotas y juventud.
Sé que ellos comparten esta serena alegría por este día, por este día tan esperado, en que la débil luz de la justicia se deja ver entre el humo de La Moneda en llamas, entre los rostros luminosos de todos los compañeros del GAP que cayeron y que jamás desaparecieron de nuestra memoria.
La Corte Suprema de Chile ratificó hoy que el ex dictador Augusto Pinochet debe ser enjuiciado por un homicidio y nueve secuestros perpetrados como parte de la sangrienta Operación Cóndor, que involucró a los regímenes militares de seis países sudamericanos durante la décadas de los 70 y 80.
Este es apenas uno de los miles de casos de violaciones a los derechos humanos que se registraron durante los 17 años de dictadura de Pinochet. Pero es el comienzo del fin del anciano tirano, que después de 30 años comienza a verse abandonado por sus antiguos secuaces y se enfrenta a la pesadilla que siempre temió se hiciera realidad: ser llevado a la justicia por sus crímenes.
De nada le sirvió crear una elaborada constitución diseñada para mantenerlo en el poder y liberarlo de toda responsabilidad por las atrocidades cometidas. De nada le sirvió nombrar jueces que sólo obedecieran sus órdenes y caprichos. De nada le sirvió acallar las voces de denuncia, ocultar los cadáveres y desterrar a los críticos.
Al final, la verdad se fue conociendo. La tierra y el mar devolvieron los muertos, los labios sellados se abrieron y poco a poco la historia reconstruida fue saliendo de las sombras.
Más de 2,000 personas fueron asesinadas, más mil desaparecieron y más de 28,000 fueron torturadas. Ese es el legado que dejó Pinochet y por el que tarde o temprano tendrá que pagar. Ahora parece que ha llegado el momento. Mañana miércoles Pinochet será notificado de que hay un juicio en su contra. El primero de los muchos que podrían seguir. Miles de familias están esperando ver al antiguo dictador responder ante la justicia de sus crímenes. Entre ellas, las hijas del ex general Carlos Prats, asesinado en Buenos Aires, junto a su esposa, por oponerse al golpe; los de Orlando Letelier, asesinado en Washington por denunciar la dictadura; los de José Tohá, prisionero en la Isla Dawson donde las torturas, la desnutrición y el clima lo llevaron a la muerte, y los de miles de otros asesinados o torturados por atreverse a soñar con un Chile mejor.
El escritor Luis Sepúlveda expresó su reacción a la noticia del procesamiento de Pinochet en un artículo para ATTAC Chile, una publicación en el Internet del Foro Social chileno.
El Día más esperado
Luis Sepúlveda
Enero 2005
Hace pocas horas despedía a mi hijo Sebastián en el aeropuerto de Gijón. Como siempre disfracé la tristeza del adiós con un par de chistes, y vi como mi joven hombre de veinte años, de la mano de su chica, me hacía señas antes de subir a la sala de embarque. Como siempre, porque el hombre es animal de costumbres protectoras por absurdas que éstas parezcan, permanecí ahí hasta que el avión despegó. Como siempre, hice un recuento de las días y horas compartidos, y me detuve en el recuerdo de una caminata por la playa solitaria mientras él me pedía que le contara mi último viaje a Chile. Emocionado le narré que había sido un buen viaje, que me había reencontrado con mis viejos amigos, con mis queridos compañeros de la guardia del presidente Allende, y que lentamente empezaba a planear mi regreso.
Mi hijo lucía con orgullo una camiseta del Foro Social Chileno, el bello dibujo de Federica Matta resplandecía con la luz marina. - ¿Esa bestia sigue ahí, sin que lo toquen?, preguntó de pronto.
Sí, la bestia, el criminal, el asesino, el ladrón seguía en Chile, protegido por la más odiosa impunidad.
-Lo pasaremos bien en Chile. Tendré un par de caballos- respondí para conjurar esa presencia avergonzante.
Cuando el vuelo de mi hijo desapareció del panel de información regresé al auto, eché a andar el motor, y entonces el milagro de la radio me entregó la noticia más esperada: la Corte Suprema de Justicia rechazaba el recurso de amparo presentado por la defensa de la bestia, del criminal, del asesino, del ladrón, y sería sometido al juicio que espera la sociedad chilena, los chilenos que viven entre la cordillera y el mar, los que viven en la diáspora, los que nacieron bajo otros cielos y han crecido con nuestro amor por el lejano país salpicado de islas.
Confieso que creí que este día tan esperado no llegaría jamás, y no por desconfianza en la justicia, sino en los encargados de administrarla. ¿Cuántas vidas se habrían salvado si los tribunales chilenos hubiesen aceptado los recursos de amparo presentados por los familiares de los desaparecidos, de los asesinados en los centros de detención y tortura, de los degollados a medianoche y en horas en que sólo los criminales podían moverse por las calles de Chile?
Entre 1973 y 1989 se presentaron miles de recursos de amparo, los familiares acudían con testigos que habían presenciado las detenciones, los secuestros, los robos de personas, y ninguno fue aceptado pues la justicia chilena estaba en manos de prevaricadores, de cómplices del dictador.
No creí posible este día, pero al mismo tiempo, porque conozco y admiro la historia cívica de mi país, siempre intenté convencerme de que el juicio a Pinochet empezó cuando el último defensor del palacio de La Moneda disparó el último tiro en defensa de la constitución y la legalidad.
No será juzgado por todos sus crímenes, sino por algunos, tan salvajes y bestiales como todos los que ordenó desde su cobardía de sátrapa, desde su vileza de ser mediocre y obtuso, desde el hedor de su traición. Pero será juzgado, con todas las garantías que nosotros no tuvimos, y nos alegra que así sea porque creemos en la justicia.
Es deber de todos velar porque no le ocurra nada, que su salud se mantenga, que no le falte nada, y si es preciso hacer una colecta pública para mantenerlo vivo, pues la hacemos,¿cuánto hay que poner? Lo que importa es que mi hijo, los hijos de todos los que sufrieron, y las viudas, y los padres que enterraron a sus hijos, y las novias de ajuar frustrado, y las abuelas que se quedaron con los mimos sin dueño, vean a la bestia fascista, al criminal a sueldo, al asesino de sueños, al ladrón de vidas y de bienes, fotografiado de frente y de perfil, con el número de reo bajo la quijada, estampando las huellas digitales de sus zarpas con la tinta negra de la vergüenza. Eso es lo que importa.
Mientras escribo estas líneas, mi hijo Sebastián vuela rumbo a Alemania y yo recuerdo el paseo por la playa desierta. Ahí le conté de mi regreso a El Cañaveral, aquel lugar sagrado entre los montes en donde el Dispositivo de Seguridad del Presidente Allende, el GAP, se preparaba para defender la vida de nuestros dirigentes, de los encargados de hacer realidad el más bello sueño colectivo de mi generación. Ahí, junto a “Patán”, “Galo”, “El Pelao” y otros de los mejores, de los más valientes compañeros que he conocido y cuya amistad es mi gran orgullo, simplemente recordábamos aquel sueño lleno de anécdotas y juventud.
Sé que ellos comparten esta serena alegría por este día, por este día tan esperado, en que la débil luz de la justicia se deja ver entre el humo de La Moneda en llamas, entre los rostros luminosos de todos los compañeros del GAP que cayeron y que jamás desaparecieron de nuestra memoria.
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