31 mayo 2005

Bush indignado por reporte de Amnistía Internacional
Afirma que no hay violaciones a los derechos humanos de los prisioneros en Guantánamo

El presidente Bush está definitivamente irritado por el reporte de Amnistía Internacional (AI) que denuncia violaciones a los derechos humanos de los prisioneros de guerra en Guantánamo.
“Es absurdo”, dijo el mandatario refiriéndose al informe de AI, dado a conocer el jueves. “Estados Unidos es un país que defiende la libertad en el mundo. Cuando se realizan acusaciones contra nuestros ciudadanos, realizamos investigaciones exhaustivas de forma transparente”.
“Tenemos miles de personas detenidas. Hemos investigado cada queja que les concernía. (...) Parece que (Amnistía Internacional) basa algunas de sus apreciaciones en acusaciones de detenidos, personas desertoras de Estados Unidos, personas que están entrenadas en algunos casos a no decir la verdad”, aseguró Bush, aludiendo a reportes recientes de que los miembros de grupos terroristas recibían instrucciones de denunciar torturas si eran detenidos.
La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, el vicepresidente Dick Cheney y el general Richard Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto, han rechazado también las denuncias de AI.
El diario The Wall Street Journal dijo que el informe de AI era “un signo más de la degradación moral de Amnistía Internacional”, agregando que las acusaciones de la organización internacional respaldan la propaganda de al-Qaeda.
Pero las evidencias independientes se han acumulado en las últimas semanas sobre decenas de casos de maltratos y torturas en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
La agencia de noticias Associated Press publicó hoy una historia en la que se relatan algunas de las declaraciones de prisioneros de Guantánamo, contenidas en documentos oficiales del gobierno que fueron obtrenidos por AP mediante el Acta de Libertad de Información (FOIA).
“Los testimonios ofrecen un atisbo del mundo secreto de la Bahía de Guantánamo, Cuba, donde alrededor de 520 hombres, de 40 países, permanecen retenidos acusados de tener vínculos con el derrocado régimen Talibán, de Afganistán, o con la red al-Qaeda, de Osama bin-Laden. Muchos han estado detenidos por tres años”, dice la nota de AP.
El siguiente es la parte del reporte de Amnistía Internacional que se refiere a la situación de los prisioneros en Guantánamo:

Guantánamo

Al finalizar el año, más de 500 personas de unas 35 nacionalidades seguían detenidas, sin cargos ni juicio, en la base naval estadounidense de Guantánamo, por posibles vínculos con Al Qaeda o el ex gobierno talibán de Afganistán.
Aunque al menos 10 detenidos más fueron trasladados durante el año a la base desde Afganistán, más de 100 fueron transferidos a sus países de origen para que siguieran detenidos o se les pusiera en libertad. Entre los excarcelados se encontraban como mínimo tres menores de edad, pero al parecer, al finalizar el año, continuaban en Guantánamo al menos otras dos personas que no habían cumplido todavía 18 años en el momento de su detención.
El Departamento de Defensa no reveló la identidad ni la cifra exacta de los detenidos en Guantánamo, lo que suscitó la preocupación de que se pudiera trasladar detenidos a la base o sacarlos de ella y no aparecieran en estadísticas oficiales.
En una decisión trascendental, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en junio que los tribunales federales estadounidenses tenían jurisdicción sobre los detenidos en Guantánamo. Sin embargo, la administración trató por todos los medios de que ninguna revisión de las causas de los detenidos se convirtiera en un proceso judicial. Se creó un Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente, órgano de revisión administrativa compuesto por equipos de tres oficiales militares, para determinar si los detenidos eran “combatientes enemigos”.
A los detenidos no se les facilitaba abogados en este proceso y se podían utilizar pruebas secretas contra ellos. Muchos de los detenidos boicotearon el proceso, que al finalizar el año había determinado que más de 200 eran “combatientes enemigos” y que dos podían ser puestos en libertad por no concurrir en ellos dicha circunstancia.
Las autoridades anunciaron también que una Junta de Revisión Administrativa revisaría anualmente los casos de todos los detenidos declarados “combatientes enemigos” con el fin de determinar si debían seguir recluidos o no. Los detenidos no tendrían tampoco en esta ocasión acceso a asesoramiento jurídico ni a las pruebas secretas. Tanto el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente como la Junta de Revisión Administrativa podían utilizar pruebas obtenidas bajo tortura u otros medios coercitivos.
El Pentágono anunció en diciembre que se había puesto en marcha la primera Junta de Revisión Administrativa. El gobierno informó a los detenidos de que podían presentar recursos de hábeas corpus en un tribunal federal y les dio la dirección de la corte federal de primera instancia de Washington. Sin embargo, en esa misma corte argumentó que ni el derecho constitucional ni el derecho internacional ofrecían fundamentos que permitieran a los detenidos impugnar la legalidad de su detención.
Al finalizar el año, seis meses después de la resolución de la Corte Suprema, no se había revisado judicialmente la legalidad de la detención de ningún detenido.

26 mayo 2005

Amnistía Internacional denuncia abusos a derechos humanos en Estados Unidos

Amnistía Internacional (AI), la organización mundial que vela por los derechos humanos, criticó a Estados Unidos por abusos de los prisioneros de guerra musulmanes en la base de Guantánamo, las torturas en prisiones de Irak y Afganistán, el trato a los inmigrantes y refugiados, la ejecución de 59 condenados a muerte en este país y abuso de autoridad por parte de agencias policiales.
“Centenares de personas siguieron detenidas sin cargos ni juicio en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba. Durante las operaciones militares y de seguridad realizadas por Estados Unidos en Irak y Afganistán se detuvo a miles de personas y se les negó de forma sistemática el acceso a familiares y abogados. Se iniciaron o llevaron a cabo investigaciones militares sobre las denuncias de tortura y malos tratos a detenidos infligidos por personal estadounidense en la prisión iraquí de Abu Ghraib y sobre los informes de muertes bajo custodia y malos tratos perpetrados por las fuerzas estadounidenses en otros lugares de Irak, así como en Afganistán y Guantánamo”, dice el informe anual 2004 de Amnistía Internacional.
“Salieron a la luz pruebas de que el gobierno de Estados Unidos había autorizado técnicas de interrogatorio que violaban la Convención de la ONU contra la Tortura. Comenzaron en Guantánamo las vistas preliminares de las comisiones militares, pero se suspendieron en espera de la resolución de un tribunal estadounidense”, agrega el informe, que califica a la base de Guantánamo como un Gulag moderno.
Por otra parte, AI criticó el uso de pistolas taser por parte de agencias policiales de Estados Unidos y la vigencia de la pena de muerte en este país.
“En Estados Unidos murieron más de 40 personas como consecuencia de los disparos efectuados por la policía con pistolas Taser, lo que suscitó preocupación sobre la seguridad de estas armas. Se continuaron imponiendo y ejecutando penas de muerte”.
“Estados Unidos, en su calidad de súperpotencia política, militar y económica sin rival en el mundo, marca la pauta del comportamiento de los gobiernos a nivel mundial," dijo la secretaria general de AI, Irene Khan, en el prólogo del informe anual. "Cuando el país más poderoso del mundo se burla del Estado de derecho y de los derechos humanos, está dando permiso para que otros países cometan abusos con impunidad y audacia”.
El gobierno estadounidense calificó de “ridículas” las acusaciones de la organización internacional y dijo que carecían de fundamento.
Scott McClellan, vocero de la Casa Blanca, dijo que "Estados Unidos encabeza el camino en lo que respecta a la protección de los Derechos Humanos y la promoción de la dignidad humana", en un comunicado de prensa.
Según McClellan, "hemos liberado a 50 millones de personas en Irak y Afganistán, hemos trabajado para hacer avanzar la libertad y la democracia en el mundo".
El siguiente es el texto del reporte de AI sobre los derechos humanos en Estados Unidos:

Estados Unidos de América

Hechos más destacados entre enero y diciembre de 2004
Centenares de personas siguieron detenidas sin cargos ni juicio en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba. Durante las operaciones militares y de seguridad realizadas por Estados Unidos en Irak y Afganistán se detuvo a miles de personas y se les negó de forma sistemática el acceso a familiares y abogados.
Se iniciaron o llevaron a cabo investigaciones militares sobre las denuncias de tortura y malos tratos a detenidos infligidos por personal estadounidense en la prisión iraquí de Abu Ghraib y sobre los informes de muertes bajo custodia y malos tratos perpetrados por las fuerzas estadounidenses en otros lugares de Irak, así como en Afganistán y Guantánamo. Salieron a la luz pruebas de que el gobierno de Estados Unidos había autorizado técnicas de interrogatorio que violaban la Convención de la ONU contra la Tortura.
Comenzaron en Guantánamo las vistas preliminares de las comisiones militares, pero se suspendieron en espera de la resolución de un tribunal estadounidense.
En Estados Unidos murieron más de 40 personas como consecuencia de los disparos efectuados por la policía con pistolas Taser, lo que suscitó preocupación sobre la seguridad de estas armas. Se continuaron imponiendo y ejecutando penas de muerte.

Corte Penal Internacional

El gobierno de Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para reducir el poder de la Corte Penal Internacional (CPI). El Congreso aprobó en diciembre una disposición incluida en un proyecto de ley presupuestaria que autorizaba a suspender ciertas ayudas económicas a los gobiernos que se negaran a conceder inmunidad a los ciudadanos estadounidenses ante la CPI.

Guantánamo
Al finalizar el año, más de 500 personas de unas 35 nacionalidades seguían detenidas, sin cargos ni juicio, en la base naval estadounidense de Guantánamo, por posibles vínculos con Al Qaeda o el ex gobierno talibán de Afganistán. Aunque al menos 10 detenidos más fueron trasladados durante el año a la base desde Afganistán, más de 100 fueron transferidos a sus países de origen para que siguieran detenidos o se les pusiera en libertad.
Entre los excarcelados se encontraban como mínimo tres menores de edad, pero al parecer, al finalizar el año, continuaban en Guantánamo al menos otras dos personas que no habían cumplido todavía 18 años en el momento de su detención. El Departamento de Defensa no reveló la identidad ni la cifra exacta de los detenidos en Guantánamo, lo que suscitó la preocupación de que se pudiera trasladar detenidos a la base o sacarlos de ella y no aparecieran en estadísticas oficiales.
En una decisión trascendental, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en junio que los tribunales federales estadounidenses tenían jurisdicción sobre los detenidos en Guantánamo. Sin embargo, la administración trató por todos los medios de que ninguna revisión de las causas de los detenidos se convirtiera en un proceso judicial. Se creó un Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente, órgano de revisión administrativa compuesto por equipos de tres oficiales militares, para determinar si los detenidos eran “combatientes enemigos”. A los detenidos no se les facilitaba abogados en este proceso y se podían utilizar pruebas secretas contra ellos. Muchos de los detenidos boicotearon el proceso, que al finalizar el año había determinado que más de 200 eran “combatientes enemigos” y que dos podían ser puestos en libertad por no concurrir en ellos dicha circunstancia.
Las autoridades anunciaron también que una Junta de Revisión Administrativa revisaría anualmente los casos de todos los detenidos declarados “combatientes enemigos” con el fin de determinar si debían seguir recluidos o no. Los detenidos no tendrían tampoco en esta ocasión acceso a asesoramiento jurídico ni a las pruebas secretas. Tanto el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente como la Junta de Revisión Administrativa podían utilizar pruebas obtenidas bajo tortura u otros medios coercitivos. El Pentágono anunció en diciembre que se había puesto en marcha la primera Junta de Revisión Administrativa. El gobierno informó a los detenidos de que podían presentar recursos de hábeas corpus en un tribunal federal y les dio la dirección de la corte federal de primera instancia de Washington. Sin embargo, en esa misma corte argumentó que ni el derecho constitucional ni el derecho internacional ofrecían fundamentos que permitieran a los detenidos impugnar la legalidad de su detención.
Al finalizar el año, seis meses después de la resolución de la Corte Suprema, no se había revisado judicialmente la legalidad de la detención de ningún detenido.

Detenciones en Afganistán e Irak
E agosto, la Comisión Independiente de Revisión de las Operaciones de Detención del Departamento de Defensa, nombrada por el secretario de Defensa Donald Rumsfeld a raíz de la publicación de las fotografías de torturas y malos tratos perpetrados por el personal estadounidense en la prisión iraquí de Abu Ghraib (véase infra), informó de que, desde las invasiones de Afganistán e Irak, se había detenido a unas 50.000 personas durante las operaciones militares y de seguridad llevadas a cabo por Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses tenían unos 25 centros de detención en Afganistán y 17 en Irak (véase infra). A los detenidos se les negaba de forma sistemática el acceso a abogados y familiares.
En Afganistán, el Comité Internacional de la Cruz Roja tuvo acceso sólo a algunos detenidos en las bases aéreas de Bagram y Kandahar. Lugares de reclusión no reveladosSegún se afirmó, algunos detenidos –los considerados por las autoridades estadounidenses, según los informes, como de alto valor por la información que podían facilitar– permanecían recluidos en lugares secretos. En algunos casos su situación equivalía a “desaparición”. Se creía que algunos individuos habían estado recluidos en lugares secretos hasta tres años.
El hecho de que las autoridades estadounidenses no aclararan el paradero ni la condición jurídica de los detenidos o se negaran a hacerlo, dejándolos sin protección jurídica durante periodos muy largos, constituía una clara violación de las disposiciones de la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la ONU. Siguieron las denuncias según las cuales las autoridades estadounidenses habían intervenido en el traslado secreto de detenidos entre distintos países, exponiéndolos así al peligro de sufrir torturas y malos tratos.

Comisiones militares
Al finalizar el año se había aplicado a 15 detenidos la orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo, aprobada en 2001. Los detenidos a los que se refería la orden podían estar recluidos sin cargos ni juicio o ser juzgados ante una comisión militar. Las comisiones militares no eran tribunales independientes o imparciales, sino órganos ejecutivos que tenían la facultad de imponer sentencias de muerte y sus decisiones no se podían recurrir ante ningún tribunal.
Cuatro de los 15 detenidos –los ciudadanos yemeníes Ali Hamza Ahmed Sulayman al Bahlul y Salim Ahmed Hamdan, el ciudadano australiano David Hicks y el sudanés Ibrahim Ahmed Mahmoud al Qosi– fueron acusados de conspiración para perpetrar crímenes de guerra y otros delitos. Las primeras vistas preliminares contra estos cuatro detenidos tuvieron lugar en agosto. James Roberston, juez federal de primera instancia encargado de fallar el recurso de hábeas corpus de Salim Hamdan, emitió una orden el 8 de noviembre en la que se afirmaba que éste no podía ser juzgado por una comisión militar en virtud de las acusaciones formuladas contra él. El juez Roberston ordenó que, a menos y hasta que un “tribunal competente”, como se exigía en el artículo 5 del Tercer Convenio de Ginebra, decidiera que Salim Hamdan no tenía derecho a la condición de prisionero de guerra, el detenido sólo podía ser juzgado en consejo de guerra con arreglo al Código Normalizado de Justicia Militar. El juez Roberston sostenía que, aun en el caso de que un “tribunal competente” que satisficiera los requisitos del Tercer Convenio de Ginebra –requisitos que, según el magistrado, no cumplían las decisiones del presidente ni las del Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente– resolviera que a Salim Hamdan no le correspondía la condición de prisionero de guerra, su juicio ante la comisión militar sería ilegal debido a las normas de esta comisión que permitían que el acusado fuera excluido de algunas vistas y que se le ocultaran ciertas pruebas confidenciales o “protegidas”.
Los procedimientos de las comisiones militares seguían suspendidos al finalizar el año y el gobierno apeló contra la resolución del juez Roberston.Tortura y malos tratos a detenidos fuera de Estados Unidos A finales de abril se publicaron testimonios fotográficos de las torturas y malos tratos perpetrados por militares estadounidenses a algunos detenidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib, lo que suscitó una preocupación generalizada nacional e internacional. El presidente Bush y otros altos cargos afirmaron de inmediato que el problema se limitaba a Abu Ghraib y a algunos militares descontrolados.
El 22 de junio, tras la filtración de documentos anteriores del gobierno relacionados con la “guerra contra el terror” que hacían pensar que se había previsto la posibilidad de que se perpetraran torturas y malos tratos, la administración decidió desclasificar algunos documentos “para poner las cosas en su sitio”. Sin embargo, los documentos desclasificados indicaban que la administración había autorizado técnicas de interrogatorio que violaban la Convención de la ONU contra la Tortura y que en un importantísimo memorando político, fechado el 7 de febrero de 2002, el presidente había afirmado que, aunque los valores de Estados Unidos “nos exigen tratar a los detenidos con humanidad”, había personas “que no tienen derecho legal a recibir ese trato”. En los documentos se analizaban, entre otras cosas, los medios que podían utilizar los agentes de Estados Unidos para evitar la prohibición internacional de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, argumentando incluso que el presidente podía hacer caso omiso de las leyes nacionales e internacionales que prohibían esos tratos. Estos y otros documentos indicaban también que la decisión del presidente Bush de no aplicar los Convenios de Ginebra a los detenidos capturados en Afganistán se había basado en los consejos de su asesor jurídico, Alberto Gonzales, según los cuales semejante medida dejaría las manos libres a los interrogadores estadounidenses en la “guerra contra el terror” y dificultaría el procesamiento de agentes de Estados Unidos por crímenes de guerra.
Tras las elecciones presidenciales de noviembre, el presidente Bush escogió a Alberto Gonzales para ocupar el puesto de fiscal general en su nueva administración.El 30 de diciembre, poco antes de las sesiones del Senado para el nombramiento de Alberto Gonzales, el Departamento de Justicia sustituyó uno de sus memorandos sobre la tortura más controvertidos, fechado en agosto de 2002. Aunque el nuevo memorando constituía un avance respecto al anterior, un informe del Grupo de Trabajo sobre Interrogatorios a Detenidos en la Guerra Global contra el Terrorismo, del Pentágono, fechado el 4 de abril de 2003, incluía una buena parte de la versión original y, al término del año, sus contenidos seguían vigentes.
Al igual que había ocurrido con el informe de una investigación realizada por el general de división estadounidense Antonio Taguba, se filtró un informe elaborado en febrero por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre los abusos perpetrados por las fuerzas de la coalición en Irak, que en algunos casos se consideraba que “equivalían a tortura”. El informe Taguba había revelado “numerosos incidentes de abusos criminales de carácter sádico, flagrante y gratuito” a diversos detenidos en la prisión de Abu Ghraib entre octubre y diciembre de 2003. Había revelado también que agentes estadounidenses habían ocultado en Abu Ghraib al Comité Internacional de la Cruz Roja a varios detenidos, a quienes se denominaba “detenidos fantasma”. Después se supo también que uno de estos detenidos había muerto bajo custodia, una más de las varias muertes conocidas durante el año en las que se consideraba que las torturas o los malos tratos habían sido un factor coadyuvante. Las autoridades iniciaron durante el año varias investigaciones penales y enjuiciamientos contra militares, así como investigaciones y revisiones de las políticas y prácticas en materia de detención e interrogatorio. Las investigaciones revelaron que había habido “unos 300 casos registrados de presuntos abusos en Afganistán, Guantánamo e Irak”.
El 9 de septiembre, el comandante Paul Kern, supervisor de una de las investigaciones militares, declaró ante el Comité del Senado sobre las Fuerzas Armadas que se habían registrado hasta 100 casos de “detenidos fantasma” bajo custodia de las fuerzas estadounidenses en Irak. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld reconoció que había autorizado a la Agencia Central de Información (CIA) para que se abstuviera de incluir al menos a un detenido en cada registro penitenciario. Sin embargo, suscitó preocupación el hecho de que la mayoría de las investigaciones las realizara el propio ejército y no pudieran llegar hasta los niveles más altos del gobierno. Las actividades de la CIA en Irak y en otros lugares, por ejemplo, se siguieron manteniendo en gran medida en secreto. No se llevó a cabo ninguna investigación sobre la presunta intervención de Estados Unidos en el traslado secreto de personas entre países ni sobre las torturas y malos tratos a que pudiera haber dado lugar. Siguieron sin desclasificarse muchos documentos.
Amnistía Internacional pidió que se creara una comisión con plenos poderes que investigara todos los aspectos de la “guerra contra el terror” emprendida por Estados Unidos, así como las políticas y prácticas en materia de detención e interrogatorios. A lo largo del año, los detenidos puestos en libertad afirmaron que habían sido objeto de tortura o malos tratos cuando estaban bajo custodia de Estados Unidos en Afganistán y Guantánamo. Hubo indicios también de que otras personas, entre ellas agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI) y personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, habían descubierto que se habían perpetrado este tipo de abusos contra los detenidos.

Detenciones de “combatientes enemigos” en Estados Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en junio que Yaser Esam Hamdi, ciudadano estadounidense recluido bajo custodia militar desde hacía más de dos años sin cargos ni juicio en calidad de “combatiente enemigo”, tenía derecho a que tribunales estadounidenses lo juzgaran con las debidas garantías y vieran el recurso de hábeas corpus sobre su detención. Su caso se remitió a tribunales inferiores para que continuaran los procedimientos judiciales. En octubre, cuando éstos no se habían llevado a cabo todavía, fue puesto en libertad y trasladado a Arabia Saudita de acuerdo con las condiciones pactadas entre sus abogados y el gobierno de Estados Unidos.
Entre ellas figuraba renunciar a la nacionalidad estadounidense, comprometerse a no salir de Arabia Saudí durante cinco años y no viajar nunca a Afganistán, Irak, Israel, Pakistán ni Siria.
El ciudadano estadounidense José Padilla y el ciudadano qatarí Ali-Saleh Kahlah Al-Marri siguieron detenidos sin cargos ni juicio como “combatientes enemigos”. José Padilla había presentado una petición similar a la de Yaser Hamdi ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el tribunal la rechazó alegando que el recurso no se había presentado en la jurisdicción adecuada. Su caso estaba pendiente de vista en Carolina del Sur, donde se encontraba detenido en una prisión militar al finalizar 2004.

Presos de conciencia
Se encarceló a los objetores de conciencia Camilo Mejía Castillo y Abdullah William Webster, sargento primero y sargento respectivamente. Se consideró que estos dos hombres eran presos de conciencia. Ambos permanecían encarcelados al finalizar el año.
En mayo, el sargento primero Camilo Mejía Castillo fue condenado a un año de cárcel por desertar del ejército después de negarse a reincorporarse a su unidad en Irak, alegando razones morales, como dudas sobre la legalidad de la guerra y la conducta de las tropas estadounidenses con los civiles y prisioneros iraquíes. Su juicio se celebró en mayo a pesar de que el ejército no había respondido todavía a la solicitud que había presentado para que le reconociesen la condición de objetor de conciencia.
El sargento Abdullah William Webster, que había pertenecido al ejército estadounidense desde 1985, fue condenado en junio a 14 meses de cárcel y a la pérdida del sueldo y otros beneficios por negarse a participar en la guerra de Irak, alegando sus creencias religiosas. Le habían ordenado que fuera a Irak a pesar de haber solicitado que lo asignasen a un servicio civil. Le negaron la petición que había presentado para que le reconociesen la condición de objetor de conciencia, alegando que su objeción no era contra la guerra en general sino contra una guerra concreta.

Refugiados, migrantes y solicitantes de asilo
La Radio Pública Nacional dio a conocer denuncias de abusos contra personas detenidas por infracciones de las normas de inmigración en tres cárceles de Nueva Jersey, entre ellas la prisión de Passaic y el centro penitenciario del condado de Hudson. Según algunas de esas denuncias, se había golpeado a dos presos cuando estaban esposados y otros reclusos habían sido mordidos por perros guardianes.
Amnistía Internacional había informado de abusos similares en 2003. La mayoría de las presuntas víctimas mencionadas en las informaciones de la Radio Pública Nacional fueron expulsadas del país antes de que pudieran completarse las investigaciones correspondientes.
El Departamento para la Seguridad de la Patria indicó que estaba investigando varios centros de detención administrados por empresas privadas, pero no precisó cuáles eran.

Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Se recibieron informes de malos tratos y muertes bajo custodia como consecuencia del uso de pistolas Taser de “nueva generación”, armas muy potentes que disparan dardos transmisores de descargas eléctricas, utilizadas o ensayadas en más de 5.000 cuerpos policiales e instituciones penitenciarias de Estados Unidos. Más de 40 personas murieron tras ser sometidas a descargas de pistolas Taser de la policía estadounidense, con lo que se eleva a más de 70 el número total de muertes por estas armas dadas a conocer desde 2001.
Aunque los peritos médicos atribuyeron por lo general la causa de las muertes a factores como la intoxicación por drogas, en cinco casos al menos llegaron a la conclusión de que las pistolas Taser habían tenido relación con estas muertes. La mayoría de las personas muertas eran hombres desarmados que no constituían al parecer una grave amenaza cuando se les aplicaron las descargas eléctricas. Muchos fueron sometidos a múltiples descargas y algunos a medios de fuerza adicionales, como aerosoles de pimienta o técnicas de inmovilización peligrosas, como el “amarre del cerdo” (colocación de una persona boca abajo, sujetándole los tobillos a las muñecas por la espalda).
Se recibieron informes según los cuales algunos funcionarios utilizaban habitualmente pistolas Taser para atemorizar a personas con enfermedades mentales o que simplemente se negaban a obedecer ciertas órdenes. Entre ellas se encontraban niños y ancianos. En la mayoría de estos casos, los funcionarios implicados fueron absueltos de cualquier infracción. En algunos departamentos, las pistolas Taser se habían convertido en el medio de fuerza más habitual utilizado por los funcionarios contra una amplia variedad de presuntos delincuentes. Amnistía Internacional reiteró su petición a las autoridades estadounidenses de que suspendieran el uso y la transferencia de pistolas Taser y otras armas paralizantes hasta que no se completara una investigación rigurosa e independiente sobre su uso y sus efectos.

Pena de muerte
En 2004 se ejecutó a 59 personas, con lo que se elevó a 944 el número total de presos ejecutados desde que la Corte Suprema de Estados levantó la suspensión de las ejecuciones en 1976. En Texas tuvieron lugar 23 de las ejecuciones llevadas a cabo en Estados Unidos durante el año y 336 de todas las realizadas en el país desde 1976.
En 2004 se excarceló a cinco personas condenadas a muerte tras demostrarse su inocencia, con lo que se elevó a 117 el número total de estos casos desde 1973. A pesar de la preocupación suscitada por la falta de fiabilidad de las pruebas forenses analizadas en el laboratorio de criminología del Departamento de Policía de Houston, donde se habían detectado graves problemas en 2003, ocho personas enjuiciadas en la jurisdicción del condado de Harris, Texas, fueron ejecutadas durante el año. En octubre, un juez de la Corte de Apelaciones de lo Penal de Texas señaló que debería declararse “una suspensión de todas las ejecuciones en los casos de las condenas basadas en pruebas del laboratorio de criminología del Departamento de Policía de Houston, hasta que no se comprobara su fiabilidad”. La opinión de este juez fue la única discrepante cuando la Corte rechazó la petición presentada por el condenado a muerte Dominique Green para que se suspendiera su ejecución debido a las dudas sobre la fiabilidad de las pruebas de balística realizadas por el Departamento de Policía de Houston en relación con su caso y el descubrimiento de 280 cajas con pruebas mal catalogadas que podían afectar a miles de causas penales. Dominique Green fue ejecutado el 26 de octubre.
Estados Unidos siguió infringiendo el derecho internacional al imponer la pena de muerte a menores, es decir, personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito. Unos 70 menores seguían condenados a muerte durante el año, más de una tercera parte de ellos en Texas.
En enero, la Corte Suprema de Estados Unidos admitió a trámite un recurso de apelación del estado de Misuri en la causa seguida contra Christopher Simmons, que tenía 17 años en el momento de perpetrarse el delito por el que lo habían condenado. La Corte Suprema de Misuri había anulado en 2003 su condena de muerte, alegando que la opinión del público en general había evolucionado en toda la nación en contra de la ejecución de menores. Se suspendieron las ejecuciones programadas de varios menores en espera de la resolución de la Corte Suprema, prevista para principios de 2005.
El 31 de marzo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una sentencia a raíz de una demanda presentada por México en favor de los ciudadanos de este país a quienes se había detenido, negado sus derechos consulares y condenado a muerte en Estados Unidos. La CIJ llegó a la conclusión de que Estados Unidos no había cumplido sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y que debía reconsiderar y facilitar una revisión judicial efectiva de las consecuencias de las violaciones en los casos de los ciudadanos extranjeros afectados.
La CIJ observaba con “gran preocupación” que se había fijado una fecha de ejecución para Osvaldo Torres Aguilera, uno de los ciudadanos mexicanos mencionados en la demanda. Tras una petición de clemencia del presidente de México y una recomendación de la junta de indultos del estado en favor de la conmutación de la pena, el gobernador de Oklahoma conmutó la condena de muerte. El 10 de diciembre, la Corte Suprema de Estados Unidos admitió a trámite el recurso de apelación de José Medellín, ciudadano mexicano condenado a muerte en Texas, con el fin de determinar cómo debían hacer efectiva los tribunales estadounidenses la resolución de la CIJ. Estaba previsto que la consideración del caso se llevase a cabo en 2005.
Se siguió condenando a muerte y ejecutando a presos con un historial de enfermedad mental grave.
El 6 de enero se ejecutó en Arkansas a Charles Singleton. En ocasiones, mientras estaba en espera de ser ejecutado, su enfermedad mental se había agravado tanto que había sido preciso suministrarle medicamentos por la fuerza.
El 18 de mayo se ejecutó en Texas a Kelsey Patterson, a quien se había diagnosticado esquizofrenia paranoide. El gobernador de Texas rechazó una recomendación de indulto de la Junta de Indultos y Libertad Condicional.
El 5 de agosto se ejecutó en Alabama a James Hubbard. Tenía 74 años –la persona con más edad ejecutada en Estados Unidos desde 1977– y llevaba en espera de ser ejecutado desde hacía más de un cuarto de siglo. Se informó de que padecía demencia, enfermedad que hacía que se olvidara en ocasiones de quién era y por qué lo habían condenado a muerte.

Visitas de Amnistía Internacional
Una delegación de Amnistía Internacional visitó Yemen en abril y habló con familiares de detenidos de la zona del Golfo en Guantánamo. Una delegada de Amnistía Internacional asistió en agosto y noviembre a las vistas preliminares de una comisión militar en Guantánamo.

17 mayo 2005

Terrorista cubano arrestado en Miami

Luis Posada Carriles enfrenta un petición de extradición a Venezuela

El terrorista cubano anticastrista, Luis Posada Carriles, fue arrestado esta tarde en Miami, Florida, donde estaba oculto después de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos por la frontera entre Texas y México.
Posada era buscado por las autoridades venezolanas y cubanas por ser el presunto autor de un atentado con bomba que hizo explotar un avión cubano en pleno vuelo, en 1976, causando la muerte de 73 personas que se encontraban a bordo.
Su arresto se produjo el mismo día en que cerca de un millón de personas marcharon en La Habana para exigir al gobierno estadounidense que lo detuviera y lo extraditara a Venezuela para ser enjuiciado.
Posada Carriles es vinculado también al asesinato del ex canciller y embajador de Chile en Estados Unidos, Orlando Letelier, ocurrido en Washington también en 1976.
En una entrevista publicada el martes en el Miami Herald, el terrorista no negó ni confirmó que había participado en atentados con bombas a varios hoteles de La Haban y sólo dijo “dejémoslo a la historia”.
En la misma entrevista, Posada dijo que había entrado subrepticiamente a este país por Brownsville, Texas, ciudad que colinda con Matamoros, México, y luego tomó un autobús que lo llevó a Miami. Su entrada ilegal al país la realizó con la ayuda de “coyotes” o contrabandistas de indocumentados.
“Al principio me escondía mucho”, agregó Posada en la entrevista con el Herald. “Pensaba que el gobierno de Estados Unidos me estaba buscando... Ahora me escondo mucho menos. La gente me reconoce en el mercado, en el consultorio médico, especialmente la gente mayor”.
Posada se fugó de una cárcel venezolana mientras aguardaba el juicio por la explosión del avión de Cubana de Aviación. Luego fue arrestado en Panamá, en el año 2000, por haber participado en un atentado contra Fidel Castro que se encontraba en ese país centroamericano para participar en una cumbre latinoamericana.
Sin embargo, la ex presidenta panameña Mireya Moscoso le concedió un perdón presidencial, en agosto del año pasado, días antes que ella entregara el poder a su sucesor, Martín Torrijos.
Posada salió de Panamá y viajó con otra identidad a Honduras, donde también entró ilegalmente y permaneció oculto en casas de algunos de sus partidarios. A comienzos del 2005, se dirigió a Belice y luego a Cancún, México, sin ser detectado por las autoridades.
El terrorista fue llevado esta tarde al Centro Krome de procesamiento de inmigrantes indocumentados, en las afueras de Miami, donde aguarda una decisión del gobierno sobre si será extraditado o se le juzgará en Estados Unidos.
Para el presidente Bush el arresto de Posada representa un dilema. Por una parte el mandatario se ha presentado ante el mundo como campeón de la lucha anti-terrorista pero, por otra, ha permitido y fomentado las actividades anti-castristas de los viejos cubanos exiliados que viven en Miami y que la han dado fielmente su apoyo electoral.
Desde el punto de vista legal, la extradición de Posada a Venezuela es difícil porque el gobierno de Caracas, que ya envió una petición al gobierno estadounidense, tiene que demostrar que hay causa suficiente para que se autorice.