Bush indignado por reporte de Amnistía Internacional
Afirma que no hay violaciones a los derechos humanos de los prisioneros en Guantánamo

El presidente Bush está definitivamente irritado por el reporte de Amnistía Internacional (AI) que denuncia violaciones a los derechos humanos de los prisioneros de guerra en Guantánamo.
“Es absurdo”, dijo el mandatario refiriéndose al informe de AI, dado a conocer el jueves. “Estados Unidos es un país que defiende la libertad en el mundo. Cuando se realizan acusaciones contra nuestros ciudadanos, realizamos investigaciones exhaustivas de forma transparente”.
“Tenemos miles de personas detenidas. Hemos investigado cada queja que les concernía. (...) Parece que (Amnistía Internacional) basa algunas de sus apreciaciones en acusaciones de detenidos, personas desertoras de Estados Unidos, personas que están entrenadas en algunos casos a no decir la verdad”, aseguró Bush, aludiendo a reportes recientes de que los miembros de grupos terroristas recibían instrucciones de denunciar torturas si eran detenidos.
La secretaria de Estado, Condoleeza Rice, el vicepresidente Dick Cheney y el general Richard Myers, jefe del Estado Mayor Conjunto, han rechazado también las denuncias de AI.
El diario The Wall Street Journal dijo que el informe de AI era “un signo más de la degradación moral de Amnistía Internacional”, agregando que las acusaciones de la organización internacional respaldan la propaganda de al-Qaeda.
Pero las evidencias independientes se han acumulado en las últimas semanas sobre decenas de casos de maltratos y torturas en la base estadounidense de Guantánamo, en Cuba.
La agencia de noticias Associated Press publicó hoy una historia en la que se relatan algunas de las declaraciones de prisioneros de Guantánamo, contenidas en documentos oficiales del gobierno que fueron obtrenidos por AP mediante el Acta de Libertad de Información (FOIA).
“Los testimonios ofrecen un atisbo del mundo secreto de la Bahía de Guantánamo, Cuba, donde alrededor de 520 hombres, de 40 países, permanecen retenidos acusados de tener vínculos con el derrocado régimen Talibán, de Afganistán, o con la red al-Qaeda, de Osama bin-Laden. Muchos han estado detenidos por tres años”, dice la nota de AP.
El siguiente es la parte del reporte de Amnistía Internacional que se refiere a la situación de los prisioneros en Guantánamo:

Guantánamo

Al finalizar el año, más de 500 personas de unas 35 nacionalidades seguían detenidas, sin cargos ni juicio, en la base naval estadounidense de Guantánamo, por posibles vínculos con Al Qaeda o el ex gobierno talibán de Afganistán.
Aunque al menos 10 detenidos más fueron trasladados durante el año a la base desde Afganistán, más de 100 fueron transferidos a sus países de origen para que siguieran detenidos o se les pusiera en libertad. Entre los excarcelados se encontraban como mínimo tres menores de edad, pero al parecer, al finalizar el año, continuaban en Guantánamo al menos otras dos personas que no habían cumplido todavía 18 años en el momento de su detención.
El Departamento de Defensa no reveló la identidad ni la cifra exacta de los detenidos en Guantánamo, lo que suscitó la preocupación de que se pudiera trasladar detenidos a la base o sacarlos de ella y no aparecieran en estadísticas oficiales.
En una decisión trascendental, la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió en junio que los tribunales federales estadounidenses tenían jurisdicción sobre los detenidos en Guantánamo. Sin embargo, la administración trató por todos los medios de que ninguna revisión de las causas de los detenidos se convirtiera en un proceso judicial. Se creó un Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente, órgano de revisión administrativa compuesto por equipos de tres oficiales militares, para determinar si los detenidos eran “combatientes enemigos”.
A los detenidos no se les facilitaba abogados en este proceso y se podían utilizar pruebas secretas contra ellos. Muchos de los detenidos boicotearon el proceso, que al finalizar el año había determinado que más de 200 eran “combatientes enemigos” y que dos podían ser puestos en libertad por no concurrir en ellos dicha circunstancia.
Las autoridades anunciaron también que una Junta de Revisión Administrativa revisaría anualmente los casos de todos los detenidos declarados “combatientes enemigos” con el fin de determinar si debían seguir recluidos o no. Los detenidos no tendrían tampoco en esta ocasión acceso a asesoramiento jurídico ni a las pruebas secretas. Tanto el Tribunal de Revisión del Estatuto de Combatiente como la Junta de Revisión Administrativa podían utilizar pruebas obtenidas bajo tortura u otros medios coercitivos.
El Pentágono anunció en diciembre que se había puesto en marcha la primera Junta de Revisión Administrativa. El gobierno informó a los detenidos de que podían presentar recursos de hábeas corpus en un tribunal federal y les dio la dirección de la corte federal de primera instancia de Washington. Sin embargo, en esa misma corte argumentó que ni el derecho constitucional ni el derecho internacional ofrecían fundamentos que permitieran a los detenidos impugnar la legalidad de su detención.
Al finalizar el año, seis meses después de la resolución de la Corte Suprema, no se había revisado judicialmente la legalidad de la detención de ningún detenido.