Pinochet responzabilizado de asesinato de periodista estadounidense

Para quienes vieron la película “Missing”, esta noticia les va a interesar: los abogados de la viuda de Charles Horman, el periodista ejecutado poco después del golpe militar de Pinochet, en Chile, pedirán el desafuero del ex dictador para someterlo a juicio.
Los abogados que representan a la viuda de Horman son Fabiola Letelier y Sergio Corvalán. Fabiola es hermana del ex canciller chileno Orlando Letelier, quien fuera asesinado en Washington en 1976, como parte de la Operación Cóndor.
Esta es la noticia de UPI:
Los juristas indicaron que el curso de de la investigación ha establecido que existen sospechas fundadas de la responsabilidad del ex gobernante de facto en este crimen perpetrado tras el golpe militar de 1973.
El ministro en visita que instruye la causa, Jorge Zepeda, indaga el secuestro, homicidio calificado, torturas, exhumación ilegal y otros delitos tras el derrocamiento de Salvador Allende. El cadáver del periodista fue encontrado en el Cementerio General, lugar donde había sido enterrado clandestinamente.
Al momento de su arresto, Horman se encontraba en Chile investigando las actividades de la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en contra del gobierno de Allende. Tras el golpe de Estado fue detenido por una patrulla militar y llevado al Estadio Nacional, desde donde habría sido sacado con vida.
El caso inspiró la filmación de la galardonada película Missing, del director griego Constantin Costa Gavras, quien recreó la detención del reportero y los esfuerzos de sus familiares por esclarecer las circunstancias en que Horman fue asesinado.
Corvalán dijo que la parte querellante espera que se concluyan algunas diligencias, que son muy importantes y que permitirán determinar la clara responsabilidad "de Pinochet y sus colaboradores, que hasta el día de hoy no han tenido una incriminación en la causa, precisamente por el aparataje de impunidad que rodeaba a Pinochet, pero las investigaciones han permitido esclarecer el "modus operandis" de las órdenes dadas a alto nivel, especialmente en los días posteriores al 11 de septiembre y hasta la creación formal de la DINA".
Los profesionales se reunieron en el Palacio de los Tribunales con el juez Juan Guzmán Tapia, quien comenzó las indagatorias y, posteriormente, por exceso de trabajo debió traspasárselo a Zepeda.
Al término del encuentro, Joyce Horman, dijo estar confiada en los avances de la causa y que las pesquisas emprendidas por los magistrados han permitido dilucidar los hechos denunciados, "porque creo que muy pronto van haber sentencias para los culpables y pronto sabremos más cosas sobre todo esto, pero el juez ha avanzado mucho y en algún tiempo más van haber novedades".
"Tengo mucha confianza en la justicia chilena, pese que a que es un precedente seguro, porque es la primera vez que esto ha pasado en un país que tiene culpa histórica y los procesos jurídicos crecen fuertemente y son una señal para el Mundo", sostuvo la mujer, quien destacó el rol que jugó el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien permitió la desclasificación de los documentos secretos sobre los sucesos acontecidos desde comienzos de la década del 60 y 70 en Latinoamérica.
La querella interpuesta inicialmente por Joyce Horman el 2 de diciembre del 2000 mencionaba al general Augusto Pinochet, ex comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta Militar; coronel Victor Barría Barría, ex subjefe de la disuelta Dirección de Inteligencia del Ejército; general Hermann Brady Roche, ex comandante de la II División de Ejército y jefe de la Zona en Estado de Sitio correspondiente a Santiago.
También se consigna la responsabilidad que les cabe al coronel Jaime Espinoza Ulloa, ex comandante del Campo de Prisioneros del Estadio Nacional (fallecido en 2003); Pedro Espinoza Bravo, entonces director de la Escuela de Inteligencia del Ejército; Ariel Gonzalez Cornejo, coronel del Ejercito en retiro integrante del Estado Mayor de la Defensa Nacional; Luis Contreras Prieto, mayor en retiro del Ejército.
La querella además buscar aclarar los hechos relacionados a la ejecución de otro norteamericano, Frank Teruggi.
Más de 16.000 documentos de la CIA, del Pentágono, del F.B.I. y de otras agencias norteamericanas fueron desclasificados entre 1999 y el año 2000 bajo la Ley de Libertad de Información. Varios documentos relevantes al caso Horman se refieren al agente encubierto Rafael González quien estuvo en el Consulado de Chile en Nueva York entre 1969 y 1972. Entre ellos está la transcripción de una entrevista que realizaron dos periodistas Frank Manitzas de CBS y Joann Omang del Washington Post, los días 7 y 8 de junio de 1976.
La entrevista transcurrió en la embajada de Italia en Santiago donde, junto a su esposa e hijo, González se había refugiado buscando el asilo político para supuestamente abandonar sus funciones de inteligencia.
González reveló a los reporteros que estuvo presente en el noveno piso del Ministerio de Defensa, oficina del general Augusto Lutz cuando el director de Inteligencia del Ejército dio el orden de matar al periodista Charles Horman. También reconoció haber jugado un papel clave en ubicar los restos de Horman en el Cementerio General.
La investigación que lleva Zepeda ha comprobado la participación de González en la planificación del secuestro, la ejecución del secuestro, la interrogación bajo tormento, la inhumación ilegal y la exhumación ilegal del periodista.
El juez llegó al convencimiento de que González participó por lo menos como cómplice en todas estas actividades que contribuyeron al homicidio de Horman y posterior ocultamiento.
En octubre de 1973 la familia Horman repetidamente intentó retirar el cuerpo de la morgue y repetidamente se le fue negado por motivos técnicos.
Los restos del profesional fueron enterrados y exhumados tres veces. Antes de su primer entierro, el cuerpo sin vida de Charles Horman estuvo por lo menos dos semanas sin refrigeración con lo cual no era posible una identificación eficaz por medio de huellas dactilares. Miembros del Senado norteamericano presionaron a su gobierno, amenazando con no dar la autorización para el suministro de armamento solicitado por la Junta Militar chilena.
En marzo de 1974, siete meses después de los hechos antes relatados, la familia recibió un telegrama del secretario de Estado de los Estados Unidos Henry Kissinger, el cual comunicó que el gobierno de Chile decidió aprobar su solicitud para enviarles los restos de Charles Horman. Además, el telegrama les informó que la embajada EEUU en Santiago requería el pago de US$900 para cubrir los costos del transporte a Nueva York de su ser querido asesinado en Chile.
El abogado Sergio Corvalán sostuvo que "González no es un civil cualquiera. Hay presunción y pruebas independiente de lo que él diga o no diga". Existen pruebas de que no era mero testigo "sino hechor y debe ser tratado como tal."
A pesar de la enorme cantidad de documentación que existe y de las personas que se interesan en determinar lo que sucedió, tanto en Chile como en Estados Unidos, no hay claridad en cuanto a todos quienes participaron en el crimen.
Los querellantes piensan que además de González participaron una treintena de personas en un complot que llevó a cabo el delito y lo siguió ocultando.