Ex jefe de la DINA llevado a prisión
Sentenciado a 12 años por desaparición de opositor a Pinochet

El ex jefe de la DINA, la siniestra policía secreta de Pinochet, Manuel Contreras, fue arrestado hoy, pese a un intento de resistirse a su detención con un arma de fuego, y llevado a los tribunales donde se le notificó de su sentencia a 12 años de prisión por el “secuestro permanente” del militante mirista Miguel Ángel Sandoval.
De acuerdo a la información publicada en periódicos chilenos, Contreras y sus familiares trataron de impedir que la policía entrara a su casa para detenerlo y llevarlo a la corte.
Después de tres horas los agentes lo esposaron y sacaron a la fuerza del domicilio. Al llegar al Palacio de Tribunales, decenas de familiares de detenidos-desaparecidos, torturados y asesinados durante la dictadura de Pinochet le lanzaron huevos, monedas y botellas de agua mientras gritaban “asesino, asesino”.
Tras ser notificado de su sentencia, Contreras, de 75 años, fue trasladado al penal Cordillera donde lo esperaba otro grupo de manifestantes que volvieron a lanzarle objetos y pintura.
La siguiente es una información de Associated Press:
Contreras y otros cuatro ex altos jefes de la Dirección de Inteligencia Nacional, Dina, fueron condenados a diversas penas de presidio por detención y desaparición de Sandoval, en 1975.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, calificó la situación como "un acontecimiento histórico en donde va a cumplir sentencia la cúpula mayor de la DINA".
Temprano el viernes en la mañana, y mientras Contreras se negaba, en los tribunales fueron notificados el brigadier Miguel Krassnoff Marchenko, condenado a 10 años; el coronel Marcelo Morén, a 11; el brigadier Fernando Laureani, a 5; todos jubilados del ejército, y el coronel César Godoy, a 5 años, un ex policía.
Los cuatro ingresaron por una puerta lateral de los tribunales, a partir de las 07.00 horas, las 10.00 gmt, donde eran esperados por familiares de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, quienes les gritaron "asesinos, asesinos".
Dos horas y media después, los cuatro oficiales fueron trasladados hacia la cárcel Cordillera, habilitada en noviembre al interior del Comando de Telecomunicaciones del ejército, en Peñalolén, en los faldeos cordilleranos.
No es la primera vez que Contreras resiste a la justicia. En 1995 se atrincheró en su fundo de Fresia, en Osorno, 920 kilómetros al sur de Santiago. Salió de allí y se internó en el hospital naval de Talcahuano, 515 kilómetros al sur. Finalmente, se entregó y cumplió la condena de 7 años por la planificación del asesinato en Washington del ex canciller Orlando Letelier, en 1976.
La Corte Suprema ratificó en noviembre las sentencias del caso Sandoval y marcó un hito al establecer que la ley de amnistía no se aplica en casos de secuestros permanentes, porque el delito se sigue cometiendo hasta que aparezcan los restos o se sepa qué les ocurrió a los desaparecidos.
Analistas opinan que el fallo sentó jurisprudencia en otros 365 juicios por violaciones a los derechos humanos en que están encausados 160 militares, la mayoría jubilados.
En la misma mañana del viernes fueron anunciadas las condenas a 26 militares jubilados por el asesinato en 1987 de 12 jóvenes del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, incluida una mujer con un embarazo de cuatro meses. Las penas son apelables.
El encarcelamiento de los ex jefes de la Dina se produjo en la misma semana en que la Corte Suprema anunció que los sumarios de los procesos por los abusos de la dictadura deben cerrarse en seis meses y en condiciones de dictar sentencia.
El gobierno también anunció su proyecto de "ley de empalme" para traspasar unos 130.000 juicios pendientes, incluidos los de derechos humanos, en el sistema judicial antiguo al nuevo que regirá desde junio en el Gran Santiago, el que establece dos años para ser investigados.
El gobierno y la Corte afirman que buscan agilizar los juicios, pero activistas de derechos humanos y familiares de las víctimas aseguran que se trata de una ley de punto final, destinada a cerrar los procesos.
Ambas iniciativas coincidieron con las fuertes críticas del ejército y de ex agentes represivos por la prolongación de sus juicios, reactivadas por el suicidio de un coronel retirado acosado por cuatro procesos y denuncias públicas de sus supuestos delitos.