Guatemala reconoce masacre en comunidad maya


GUATEMALA (AFP) - El Gobierno de Guatemala reconocerá su responsabilidad en la masacre de 268 indígenas perpetrada en 1982 en una comunidad del norte, cuando gobernaba con mano de hierro el ex dictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), informaron fuentes oficiales este viernes.
El reconocimiento estará a cargo del vicepresidente Eduardo Stein en una ceremonia en el lugar donde hace 23 años miembros del Ejército y ex paramilitares masacraron en la comunidad Plan de Sánchez a los indígenas de 13 comunidades maya Achí, una de las 23 etnias guatemaltecas.
El titular de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), Frank Larue, dijo a la prensa que la aceptación de "las implicaciones de estos fallos es positivo para el país, ya que en el exterior dan la imagen de respeto a los derechos humanos".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, condenó al Estado guatemalteco el pasado 19 de noviembre, ordenándole pagar una reparación a los familiares de las víctimas por la negación de justicia que han tenido en Guatemala.
Además de ordenar el reconocimiento de responsabilidad la sentencia obliga al Estado a reparar con ocho millones de dólares a los familiares de las víctimas.
Las 168 personas masacradas pertenecían a varias comunidades del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, 180 km al norte de la capital, y supuestamente fueron asesinadas porque se negaron a integrar las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC).
Aproximadamente veinte mujeres jóvenes entre 12 y 20 años fueron llevadas a una vivienda donde fueron maltratadas, violadas y posteriormente asesinadas, según sobrevivientes.
El presidente de la Asociación de Justicia y Reconciliación y sobreviviente de la masacre, Juan Manuel Jerónimo, dijo a la AFP que el reconocimiento es "el primer paso positivo, pero queremos que se haga una investigación y se castigue a los responsables".
Jerónimo perdió en la masacre a su esposa, cuatro hijos (entre 7 años y seis meses), su madre, tres hermanas, siete sobrinos, ocho tíos, una abuela y una cuñada.
La masacre fue denunciada en 1992 por los sobrevivientes, y un año después la Procuraduría de los Derechos Humanos elevó el caso a la Fiscalía.
En 1994 se autorizó realizar exhumaciones y así fue como después de 12 años de ocurrida la masacre los sobrevivientes y familiares pudieron enterar a sus muertos de acuerdo a las creencias y tradiciones espirituales mayas.
Según el informe final presentado en 1999 por la Comisión del Esclarecimiento Histórico, auspiciado por las Naciones Unidos, las fuerzas armadas fueron responsables de 93% de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada guerra interna de Guatemala (1960-96), que dejó 200.000 muertos o desaparecidos.
Durante el conflicto armado, se cometieron 669 masacres, de las cuales 626 fueron cometidos por agentes del Estado, de acuerdo con el informe.