¿Es posible deportar a 9 millones de indocumentados?

Por Jaime E. Olivares
La Opinión, 4 de Octubre del 2004

Los sectores antiinmigrantes de Estados Unidos se encuentran frente a un dilema de enorme magnitud. Por una parte, quisieran deportar a todos los indocumentados que hay en el país pero, por otra, saben que eso crearía un caos económico y social de inimaginables consecuencias.
¿Es posible deportar a 9 millones –o más- de inmigrantes que se estima viven aquí? La respuesta obvia es no.
Ni siquiera las grandes deportaciones masivas de mexicanos y méxicoamericanos que se realizaron durante la época de la Gran Depresión, en la década que comenzó en 1930, pueden compararse con lo que sería la aplicación de una medida similar hoy en día.
Primero, están los costos del proceso. Localizar a esa cantidad de inmigrantes indocumentados y enviarlos de regreso a sus respectivos países de origen podría significar fácilmente un gasto de más de 5,000 millones de dólares. Una cifra que ningún gobierno estaría dispuesto a invertir en una aventura de esta naturaleza.
No hay personal ni centros de detención ni medios de transporte suficientes como para procesar y expulsar del país a 9 millones de inmigrantes. Aún cuando esa tarea se programara para ser realizada a lo largo de varios años.
Los agentes de inmigración tendrían que recurrir a la ayuda de todas las fuerzas policiales del país, lo que obligaría a cambiar leyes y ordenanzas locales que prohíben actualmente esa colaboración.
En segundo lugar, se crearía un clima de persecución y pánico generalizado sólo comparable a las cacerías de judíos en Alemania, Polonia y Austria durante la época de Hitler. Millones de familias vivirían en las sombras de la clandestinidad, muchas ciudades –como Los Ángeles- quedarían virtualmente paralizadas y veríamos dramáticos casos de delaciones, hogares divididos, confiscaciones y robos de propiedades de los expulsados y otros trágicos eventos.
Este tipo de persecución masiva de inmigrantes no pasaría desapercibido por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas, que pedirían un alto inmediato de esas acciones y propondrían sanciones –por lo menos morales- para Estados Unidos. La ya bastante deteriorada imagen de este país en el exterior, debido a la guerra en Irak, sufriría todavía más.
En tercer lugar, la ausencia de los trabajadores inmigrantes provocaría un desastre económico. No hay 9 millones de ciudadanos o residentes legales dispuestos a ocupar los empleos de salarios de hambre que dejarían los indocumentados.
La industria manufacturera, los servicios y la agricultura serían los más afectados. La ropa, la comida, los hoteles, restaurantes y el transporte público subirían a niveles inalcanzables para el ciudadano promedio. Miles de fábricas y empresas cerrarían sus puertas. La mayor parte de los bienes de consumo tendrían que ser importados a precios mucho mayores, lo que afectaría el estilo de vida de todos los estadounidenses.
El gobierno recibiría menos ingresos por la ausencia de los impuestos que ahora pagan los indocumentados. Las tiendas verían sus ventas drásticamente reducidas, especialmente en el sur y centro de California, y en estados como Texas, Florida, Nueva York, Illinois, New Jersey. La consecuencia inmediata de quitar a 9 millones de consumidores y contribuyentes del mercado sería una grave recesión económica para el país.
Este sombrío panorama no es comprendido, lamentablemente, por los grupos antiinmigrantes que siguen luchando por deportar a los indocumentados en lugar de buscar maneras de integrarlos legalmente a la sociedad productiva de Estados Unidos.
Por el contrario, están tomando acciones que pueden resultar en una verdadera catástrofe social.
En varios estados de la Unión se han aprobado leyes que niegan derechos básicos a los trabajadores inmigrantes y que los “marcan” con un sello burocrático distintivo para hacerlos fácilmente identificables para las autoridades y allanar el camino para su arresto y deportación. Un ejemplo de esto son los permisos “especiales” de manejar que se dan a los indocumentados en Tennessee y que el gobernador Arnold Schwarzenegger quiere implantar en California.
También están medidas del gobierno federal, como la de exigir a los hospitales que reciben subsidios del estado que identifiquen y reporten a los pacientes indocumentados. Médicos y enfermeros se convierten, bajo esta directiva federal, en agentes de inmigración. Una iniciativa similar, pero más amplia, la Proposición 200 en Arizona, será sometida a los electores el 2 de noviembre.
Por otra parte, una enmienda a la ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso en estos días obligaría a las agencias policiales locales a colaborar con los funcionarios de inmigración para identificar y entregar a los indocumentados.
Estos son sólo algunas de las ominosas señales que nos advierten que estamos en el camino hacia un estado policial y de intolerancia. Un camino que va en la dirección opuesta a la de la integración y armonía social.

jaime.olivares@gmail.com