Campaña para enjuiciar a Pinochet
El ex dictador chileno Augusto Pinochet podría estar a punto de evadir, una vez más, un juicio en su contra por los crímenes que se cometieron durante su régimen, especialmente los relacionados con la llamada “Operación Cóndor”.
Se espera que este lunes los abogados querellantes pidan al juez Juan Guzmán Tapia que se inicie el juicio contra Pinochet por la tortura y muerte de 19 opositores a través de la Operación Cóndor.
Pero la defensa del ex dictador alega que los resultados de los exámenes médicos a que fue sometido Pinochet indican que no está en condiciones de ser sometido a juicio. Esto pone en peligro los reclamos de justicia de más de 3,000 familias de asesinados y desaparecidos durante la dictadura.
Se ha iniciado una campaña mundial para exigir el juicio contra Pinochet. Las personas interesadas en firmar la petición pueden hacerlo en esta dirección:
http://juicioapinochet.com/index2.html
El siguiente es el comunicado de los organizadores de la campaña:
Estimados compañeros y amigos:Hemos iniciado una campaña internacional con el fin de conseguir que el juez Juan Guzmán Tapia, una vez ya desaforado Pinochet por la Corte Suprema, someta a juicio al dictador chileno. Producto de las conversaciones mantenidas con compañeros de la Agrupación de Detenidos Desparecidos de Chile y algunos de los abogados que llevan esta causa, nos hemos planteado los siguientes objetivos:
1º.-Lanzar una campaña internacional para que hombres, mujeres y entidades de todo el mundo manifiesten su adhesión a la demanda por un juicio contra Pinochet en relación con la Operación Cóndor, la cual sea una señal clara de que la opinión publica internacional esta atenta y vigilante de las acciones de justicia o impunidad que se llevan a cabo en Chile por la trascendencia que puedan tener para la defensa de los derechos humanos en todos los lugares del mundo especialmente en Palestina, Irak, Afganistán, Chechenia, etc…
2º.-Ayudar a financiar los costos que el proceso judicial implicará, a través de múltiples iniciativas, para las cuales pedimos vuestras aportaciones de ideas y formas para conseguir tales fines, como pago de procuradores, hacer seguimiento de las múltiples causas, peritos, documentación, etc.
3º.-Conseguir los medios económicos suficientes para publicar en Chile el manifiesto que ahora adjuntamos llamado: Demos una oportunidad a la justicia. Juicio a Pinochet ahora. La que se pretende publicar en fecha lo más próxima al pronunciamiento del Juez Guzmán.
Demos una oportunidad a la Justicia Juicio a Pinochet ahora.
El 26 de agosto del 2004 la Excma. Corte Suprema de Chile resolvió por mayoría, ratificar la resolución de la Corte de Apelaciones, en orden a desaforar al ex dictador Augusto Pinochet Ugarte, inculpado en la causa denominada Operación Cóndor, que tuvo por objeto la coordinación de los servicios secretos de las dictaduras latinoamericanas en los años setenta y ochenta, orientada a reprimir y asesinar a los opositores políticos de las dictaduras, dejando un saldo fatal de desaparecidos, muertos, torturados, trafico de niños y hogares destruidos.
Los abajo firmantes hombres y mujeres de diferentes actividades y profesiones, manifestamos nuestra satisfacción por esta resolución que permite al Juez D. Juan Guzmán Tapia, someter a proceso al ex dictador chileno por su responsabilidad en los crímenes de la Operación Cóndor.
A nuestro entender, estamos ante una ocasión única para darle una oportunidad a la justicia, puesto que vemos con tristeza y preocupación como los derechos humanos siguen siendo impunemente transgredidos en diferentes lugares del mundo. No es posible aceptar que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en Latinoamérica y hoy, extendida a diversos países, no tengan una respuesta clara y contundente de parte de aquellos que tienen la responsabilidad y la obligación de perseguir y juzgar tan abominables crímenes contra la humanidad.
Por ello demandamos a los líderes políticos y a los Tribunales de Justicia -responsables de velar porque la ley se cumpla- una mayor implicancia y compromiso en el juzgamiento de los inculpados en los hechos que se denuncian.
Nuevamente los ojos y las esperanzas de millones de seres humanos están puestos en Chile porque, una vez más, se abre la posibilidad cierta de dar una oportunidad a la Justicia para que obre en consecuencia y siente un precedente internacional del cual tomen nota aquellos que constantemente transgreden los derechos fundamentales de las personas y también de aquellos que sientan la tentación de hacerlo.
Hay momentos en la historia de la humanidad, en que darle una oportunidad a la justicia es posible y necesario para dar esperanza a las victimas de tanta barbarie y horror, que han cometido y cometen Estados, agentes y particulares bajo el resguardo de la más absoluta impunidad.
Demandamos a todas las instancias del Poder Judicial chileno a pronunciarse claramente y sujetos al más estricto sentido del Derecho en favor del sometimiento a juicio del General Augusto Pinochet, que en reiteradas ocasiones y frente a Tribunales de diferentes naciones, ha sido inculpado como el principal responsable de los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo su mando y responsabilidad, cuando ejerció como dictador de su propio país.
Darle una oportunidad a la justicia es un deber con la democracia, el derecho a la vida y la integridad de todos los seres humanos.
17 octubre 2004
06 octubre 2004
¿Es posible deportar a 9 millones de indocumentados?
Por Jaime E. Olivares
La Opinión, 4 de Octubre del 2004
Los sectores antiinmigrantes de Estados Unidos se encuentran frente a un dilema de enorme magnitud. Por una parte, quisieran deportar a todos los indocumentados que hay en el país pero, por otra, saben que eso crearía un caos económico y social de inimaginables consecuencias.
¿Es posible deportar a 9 millones –o más- de inmigrantes que se estima viven aquí? La respuesta obvia es no.
Ni siquiera las grandes deportaciones masivas de mexicanos y méxicoamericanos que se realizaron durante la época de la Gran Depresión, en la década que comenzó en 1930, pueden compararse con lo que sería la aplicación de una medida similar hoy en día.
Primero, están los costos del proceso. Localizar a esa cantidad de inmigrantes indocumentados y enviarlos de regreso a sus respectivos países de origen podría significar fácilmente un gasto de más de 5,000 millones de dólares. Una cifra que ningún gobierno estaría dispuesto a invertir en una aventura de esta naturaleza.
No hay personal ni centros de detención ni medios de transporte suficientes como para procesar y expulsar del país a 9 millones de inmigrantes. Aún cuando esa tarea se programara para ser realizada a lo largo de varios años.
Los agentes de inmigración tendrían que recurrir a la ayuda de todas las fuerzas policiales del país, lo que obligaría a cambiar leyes y ordenanzas locales que prohíben actualmente esa colaboración.
En segundo lugar, se crearía un clima de persecución y pánico generalizado sólo comparable a las cacerías de judíos en Alemania, Polonia y Austria durante la época de Hitler. Millones de familias vivirían en las sombras de la clandestinidad, muchas ciudades –como Los Ángeles- quedarían virtualmente paralizadas y veríamos dramáticos casos de delaciones, hogares divididos, confiscaciones y robos de propiedades de los expulsados y otros trágicos eventos.
Este tipo de persecución masiva de inmigrantes no pasaría desapercibido por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas, que pedirían un alto inmediato de esas acciones y propondrían sanciones –por lo menos morales- para Estados Unidos. La ya bastante deteriorada imagen de este país en el exterior, debido a la guerra en Irak, sufriría todavía más.
En tercer lugar, la ausencia de los trabajadores inmigrantes provocaría un desastre económico. No hay 9 millones de ciudadanos o residentes legales dispuestos a ocupar los empleos de salarios de hambre que dejarían los indocumentados.
La industria manufacturera, los servicios y la agricultura serían los más afectados. La ropa, la comida, los hoteles, restaurantes y el transporte público subirían a niveles inalcanzables para el ciudadano promedio. Miles de fábricas y empresas cerrarían sus puertas. La mayor parte de los bienes de consumo tendrían que ser importados a precios mucho mayores, lo que afectaría el estilo de vida de todos los estadounidenses.
El gobierno recibiría menos ingresos por la ausencia de los impuestos que ahora pagan los indocumentados. Las tiendas verían sus ventas drásticamente reducidas, especialmente en el sur y centro de California, y en estados como Texas, Florida, Nueva York, Illinois, New Jersey. La consecuencia inmediata de quitar a 9 millones de consumidores y contribuyentes del mercado sería una grave recesión económica para el país.
Este sombrío panorama no es comprendido, lamentablemente, por los grupos antiinmigrantes que siguen luchando por deportar a los indocumentados en lugar de buscar maneras de integrarlos legalmente a la sociedad productiva de Estados Unidos.
Por el contrario, están tomando acciones que pueden resultar en una verdadera catástrofe social.
En varios estados de la Unión se han aprobado leyes que niegan derechos básicos a los trabajadores inmigrantes y que los “marcan” con un sello burocrático distintivo para hacerlos fácilmente identificables para las autoridades y allanar el camino para su arresto y deportación. Un ejemplo de esto son los permisos “especiales” de manejar que se dan a los indocumentados en Tennessee y que el gobernador Arnold Schwarzenegger quiere implantar en California.
También están medidas del gobierno federal, como la de exigir a los hospitales que reciben subsidios del estado que identifiquen y reporten a los pacientes indocumentados. Médicos y enfermeros se convierten, bajo esta directiva federal, en agentes de inmigración. Una iniciativa similar, pero más amplia, la Proposición 200 en Arizona, será sometida a los electores el 2 de noviembre.
Por otra parte, una enmienda a la ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso en estos días obligaría a las agencias policiales locales a colaborar con los funcionarios de inmigración para identificar y entregar a los indocumentados.
Estos son sólo algunas de las ominosas señales que nos advierten que estamos en el camino hacia un estado policial y de intolerancia. Un camino que va en la dirección opuesta a la de la integración y armonía social.
jaime.olivares@gmail.com
Por Jaime E. Olivares
La Opinión, 4 de Octubre del 2004
Los sectores antiinmigrantes de Estados Unidos se encuentran frente a un dilema de enorme magnitud. Por una parte, quisieran deportar a todos los indocumentados que hay en el país pero, por otra, saben que eso crearía un caos económico y social de inimaginables consecuencias.
¿Es posible deportar a 9 millones –o más- de inmigrantes que se estima viven aquí? La respuesta obvia es no.
Ni siquiera las grandes deportaciones masivas de mexicanos y méxicoamericanos que se realizaron durante la época de la Gran Depresión, en la década que comenzó en 1930, pueden compararse con lo que sería la aplicación de una medida similar hoy en día.
Primero, están los costos del proceso. Localizar a esa cantidad de inmigrantes indocumentados y enviarlos de regreso a sus respectivos países de origen podría significar fácilmente un gasto de más de 5,000 millones de dólares. Una cifra que ningún gobierno estaría dispuesto a invertir en una aventura de esta naturaleza.
No hay personal ni centros de detención ni medios de transporte suficientes como para procesar y expulsar del país a 9 millones de inmigrantes. Aún cuando esa tarea se programara para ser realizada a lo largo de varios años.
Los agentes de inmigración tendrían que recurrir a la ayuda de todas las fuerzas policiales del país, lo que obligaría a cambiar leyes y ordenanzas locales que prohíben actualmente esa colaboración.
En segundo lugar, se crearía un clima de persecución y pánico generalizado sólo comparable a las cacerías de judíos en Alemania, Polonia y Austria durante la época de Hitler. Millones de familias vivirían en las sombras de la clandestinidad, muchas ciudades –como Los Ángeles- quedarían virtualmente paralizadas y veríamos dramáticos casos de delaciones, hogares divididos, confiscaciones y robos de propiedades de los expulsados y otros trágicos eventos.
Este tipo de persecución masiva de inmigrantes no pasaría desapercibido por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, incluyendo las Naciones Unidas, que pedirían un alto inmediato de esas acciones y propondrían sanciones –por lo menos morales- para Estados Unidos. La ya bastante deteriorada imagen de este país en el exterior, debido a la guerra en Irak, sufriría todavía más.
En tercer lugar, la ausencia de los trabajadores inmigrantes provocaría un desastre económico. No hay 9 millones de ciudadanos o residentes legales dispuestos a ocupar los empleos de salarios de hambre que dejarían los indocumentados.
La industria manufacturera, los servicios y la agricultura serían los más afectados. La ropa, la comida, los hoteles, restaurantes y el transporte público subirían a niveles inalcanzables para el ciudadano promedio. Miles de fábricas y empresas cerrarían sus puertas. La mayor parte de los bienes de consumo tendrían que ser importados a precios mucho mayores, lo que afectaría el estilo de vida de todos los estadounidenses.
El gobierno recibiría menos ingresos por la ausencia de los impuestos que ahora pagan los indocumentados. Las tiendas verían sus ventas drásticamente reducidas, especialmente en el sur y centro de California, y en estados como Texas, Florida, Nueva York, Illinois, New Jersey. La consecuencia inmediata de quitar a 9 millones de consumidores y contribuyentes del mercado sería una grave recesión económica para el país.
Este sombrío panorama no es comprendido, lamentablemente, por los grupos antiinmigrantes que siguen luchando por deportar a los indocumentados en lugar de buscar maneras de integrarlos legalmente a la sociedad productiva de Estados Unidos.
Por el contrario, están tomando acciones que pueden resultar en una verdadera catástrofe social.
En varios estados de la Unión se han aprobado leyes que niegan derechos básicos a los trabajadores inmigrantes y que los “marcan” con un sello burocrático distintivo para hacerlos fácilmente identificables para las autoridades y allanar el camino para su arresto y deportación. Un ejemplo de esto son los permisos “especiales” de manejar que se dan a los indocumentados en Tennessee y que el gobernador Arnold Schwarzenegger quiere implantar en California.
También están medidas del gobierno federal, como la de exigir a los hospitales que reciben subsidios del estado que identifiquen y reporten a los pacientes indocumentados. Médicos y enfermeros se convierten, bajo esta directiva federal, en agentes de inmigración. Una iniciativa similar, pero más amplia, la Proposición 200 en Arizona, será sometida a los electores el 2 de noviembre.
Por otra parte, una enmienda a la ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso en estos días obligaría a las agencias policiales locales a colaborar con los funcionarios de inmigración para identificar y entregar a los indocumentados.
Estos son sólo algunas de las ominosas señales que nos advierten que estamos en el camino hacia un estado policial y de intolerancia. Un camino que va en la dirección opuesta a la de la integración y armonía social.
jaime.olivares@gmail.com
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