El sutil encanto del neoapartheid
Por Jaime E. Olivares
La Opinión, 23 de Julio del 2004
California, el estado más progresista y diverso de la nación, sigue avanzando inexorablemente hacia un sistema en el que la minoría blanca monopolizará el poder económico y político, marginando a una creciente y empobrecida mayoría conformada por otros grupos étnicos.
Un nuevo paso hacia ese temible futuro lo dieron, la semana pasada, los regentes de la Universidad de California al sentar las bases para hacer más estrictos los requisitos académicos de admisión a los nueve planteles (10 si se cuenta el de Merced, en construcción) del sistema.
Esta decisión afectará en especial a los estudiantes latinos y afroamericanos de escuelas secundarias, que suman alrededor de dos tercios del total, cuyas aspiraciones de seguir estudios superiores se verán dramáticamente reducidas.
La propuesta de elevar el requisito de puntaje académico (GPA) mínimo de 2.8 a 3.1 será votada en agosto por los miembros de la Junta de Regentes. Cálculos iniciales estiman que, si se aprueba la moción, la proporción de estudiantes de secundaria hispanos elegibles para ingresar a UC bajará del 6.5% actual a 5.5%. Para los afroamericanos, la proporción bajará de 6.3% a 4.7%.
Algunos justifican la decisión diciendo que los mejores puntajes obtenidos por los estudiantes en estos últimos años hacen que se excedan las “cuotas” de admisión establecidas por el Plan Maestro de 1960. Este tipo de lógica es absurda. Es como castigar a los jóvenes por su éxito.
La medida restrictiva se suma a otras recientemente aprobadas por este prestigioso sistema de universidades públicas de California, como un alza del 14 % en el costo de las matrículas y una limitación en el número de nuevos estudiantes que pueden ingresar cada año.
El costo de las colegiaturas se incrementó en 700 dólares para el año académico 2004-05, alcanzando un total de 6,230 dólares por estudiante. Sucesivos aumentos de las matrículas desde el año 2002 han significado un alza acumulada del 60% respecto a lo que costaban los estudios en el 2001. Esto no incluye el importe de los libros ni otros gastos adicionales en que deben incurrir los estudiantes.
También este año, la UC redujo la admisión de estudiantes en 3,200 plazas y pospuso la entrada de otros 5,700 que fueron enviados opcionalmente a colegios comunitarios. El año 2004 es histórico – negativamente- para UC porque marca la primera vez que el sistema ha negado el ingreso a estudiantes que cumplían con los requisitos. Este año es también histórico porque es el que ha registrado el mayor descenso en el número de estudiantes de “minorías” admitidos en UC desde que la Proposición 209 fue aprobada por los votantes en 1998.
Una situación similar se experimenta en el otro sistema de universidades públicas de California, CSU, donde las alzas de las colegiaturas y las limitaciones de ingreso han marginado a muchos más estudiantes latinos de sus 23 planteles a lo largo y ancho del estado.
La crisis de las universidades tiene relación directa con los problemas de presupuesto del estado. Los recortes impuestos a golpe y porrazo por el gobernador Arnold Schwarzenegger, con su característico estilo “Conan el Bárbaro”, le están robando el futuro a toda una generación de jóvenes californianos, la mayoría de ellos latinos.
Bajo su gobierno, lo que impera es el concepto del negocio y la ganancia para asegurar la prosperidad de California. De este modo los planteles universitarios dejan de cumplir su función social primordial y se convierten en empresas utilitarias.
Lo decepcionante de este enfoque es que traiciona el espíritu de la fundación de las universidades públicas de California: dar oportunidades equitativas de seguir una educación superior a todo graduado de secundaria que lo desee.
La educación es el instrumento más importante que tienen los jóvenes para acceder a la corriente socioeconómica principal de este país. El no contar con estudios universitarios condena a la mayoría a un nivel de ingresos muy inferior y a una vida de incertidumbre y estrechez.
La educación es también requisito indispensable para entrar en los cerrados círculos del poder económico y político. Es por eso que al reservar las aulas universitarias para los estudiantes blancos se perpetúa una clase dominante de ese grupo étnico y se excluye a los demás.
Hay alrededor de 995,900 jóvenes latinos de entre 15 y 19 años en California, de acuerdo a proyecciones del Departamento de Finanzas del estado, comparado con unos 932,900 blancos, 274,100 asiáticos y 172,900 negros de esa misma edad. Es fácil ver hacia dónde se dirige el futuro de California.
¿Habrá nacido ya el Mandela latino que guiará a su pueblo fuera de la inequidad?
23 julio 2004
17 julio 2004
Las elecciones del miedo
Por Jaime E. Olivares
La Opinión, 17 de julio de 2004
Las elecciones presidenciales de este año, las primeras después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, estarán marcadas por el signo del miedo. Un miedo nacido de la experiencia sin precedentes de haber sufrido un devastador y artero ataque a los centros simbólicos del poderío económico y militar de la nación, pero también un miedo que ha crecido a la sombra de la engañosa y desacertada guerra contra Irak.
Tenemos un presidente que se ha puesto en una posición arriesgada en su campaña por la reelección. Aunque reconoce que no había armas de destrucción masiva en Irak y sabe que no existen pruebas verosímiles de que hubiera vínculos entre Al Qaida con Sadam Husein, no puede admitir públicamente que la guerra fue una terrible y costosa equivocación. Porque si lo hace, no sólo pierde las elecciones sino también podría enfrentar una investigación del Congreso y ser despedido, en lugar de despedirse, hacia el final de su mandato.
Entonces, al presidente George W. Bush no le queda más remedio que insistir en que la guerra valió la pena porque liberó a Irak de la tiranía de Sadam. “Irak está ahora mucho mejor de lo que estaba antes de la guerra”, afirma en sus presentaciones de campaña.
Ese es el lado “positivo” de su cruzada por la reelección: la estrategia de presentarlo como defensor de la patria, libertador de un pueblo oprimido y promotor de la democracia en el mundo. Estrategia que no ha dado los resultados esperados pues la confianza de los votantes en su manejo de Irak se ha desplomado en los últimos cinco meses.
El aspecto negativo —y el más temible— es su versión doméstica de la guerra contra el terrorismo. Una guerra que, según se nos ha informado, puede durar décadas y necesita de medidas extremas de seguridad interna para evitar nuevos ataques en territorio nacional, como los del 9-11. Medidas que están afectando la libertad y la vida cotidiana de los ciudadanos.
A la campaña del presidente Bush le conviene mantener a la gente preocupada y asustada por el terrorismo porque de esa manera los electores se distraen de la escasez de nuevos empleos para los jóvenes, de los problemas en el sistema de salud, las fallas en la educación, el déficit nacional récord y tantas otras deficiencias que aquejan al país más poderoso del planeta por falta de inversiones y de políticas adecuadas.
En el paroxismo de este ambiente de temor en el que cada semana nos obsequian con una nueva advertencia de posibles ataques, han surgido ideas tan descabelladas como la de suspender las elecciones de noviembre si se convierten en blanco de un atentado masivo.
El autor de la idea es DeForest B. Soaries, director de la Comisión Federal de Asistencia Electoral, una agencia creada por la Administración Bush, quien escribió una carta al Departamento de Seguridad Interna (DHS) y otra a los líderes del Congreso señalando la necesidad de establecer un mecanismo para postergar las elecciones en caso de un ataque terrorista antes o durante los comicios.
El reverendo Soaries, un pastor afroamericano y ex secretario de Estado de New Jersey, de afiliación republicana, también menciona en sus misivas que las fuertes medidas de seguridad en el día de las elecciones podrían intimidar a algunos votantes y causar abstencionismo.
Se esperaba que Soaries hablara este fin de semana durante la Conferencia Anual de Secretarios de Estado, que se realiza en Nueva Orleáns, donde muchos de los participantes ansían oír más detalles sobre su preocupante propuesta.
El presidente Bush no ha hecho comentarios sobre esta idea, pero más de un analista político ha señalado que postergar las elecciones sería ventajoso para él.
Condoleezza Rice, la consejera de Seguridad Nacional de Bush, descartó la posibilidad de aplazar los comicios, durante una entrevista en CNN, enfatizando que ni en la Guerra Civil ni en las dos guerras mundiales del siglo pasado se habían suspendido las elecciones presidenciales.
¿Qué evento catastrófico podría provocar la suspensión de las elecciones? Se ha mencionado un intento de asesinato del presidente o del aspirante demócrata a la Casa Blanca (John Kerry), un ataque bioquímico masivo en las mayores ciudades del país, una falla total del suministro eléctrico en el 75% del territorio nacional o un virus informático que causara la paralización completa de las computadoras y sistemas de comunicación.
Para realizar un atentado de tal magnitud los terroristas tendrían que disponer de sofisticadas técnicas, equipos y entrenamiento que no creo estén ahora a su alcance.
La democracia debe seguir y tenemos que asegurarnos de hacer fracasar cualquier intento de interrumpir las elecciones del 2 de noviembre, venga de donde venga.
Jaime E. Olivares fue editor metropolitano de La Opinión.
jaime@sierranet.us
Por Jaime E. Olivares
La Opinión, 17 de julio de 2004
Las elecciones presidenciales de este año, las primeras después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, estarán marcadas por el signo del miedo. Un miedo nacido de la experiencia sin precedentes de haber sufrido un devastador y artero ataque a los centros simbólicos del poderío económico y militar de la nación, pero también un miedo que ha crecido a la sombra de la engañosa y desacertada guerra contra Irak.
Tenemos un presidente que se ha puesto en una posición arriesgada en su campaña por la reelección. Aunque reconoce que no había armas de destrucción masiva en Irak y sabe que no existen pruebas verosímiles de que hubiera vínculos entre Al Qaida con Sadam Husein, no puede admitir públicamente que la guerra fue una terrible y costosa equivocación. Porque si lo hace, no sólo pierde las elecciones sino también podría enfrentar una investigación del Congreso y ser despedido, en lugar de despedirse, hacia el final de su mandato.
Entonces, al presidente George W. Bush no le queda más remedio que insistir en que la guerra valió la pena porque liberó a Irak de la tiranía de Sadam. “Irak está ahora mucho mejor de lo que estaba antes de la guerra”, afirma en sus presentaciones de campaña.
Ese es el lado “positivo” de su cruzada por la reelección: la estrategia de presentarlo como defensor de la patria, libertador de un pueblo oprimido y promotor de la democracia en el mundo. Estrategia que no ha dado los resultados esperados pues la confianza de los votantes en su manejo de Irak se ha desplomado en los últimos cinco meses.
El aspecto negativo —y el más temible— es su versión doméstica de la guerra contra el terrorismo. Una guerra que, según se nos ha informado, puede durar décadas y necesita de medidas extremas de seguridad interna para evitar nuevos ataques en territorio nacional, como los del 9-11. Medidas que están afectando la libertad y la vida cotidiana de los ciudadanos.
A la campaña del presidente Bush le conviene mantener a la gente preocupada y asustada por el terrorismo porque de esa manera los electores se distraen de la escasez de nuevos empleos para los jóvenes, de los problemas en el sistema de salud, las fallas en la educación, el déficit nacional récord y tantas otras deficiencias que aquejan al país más poderoso del planeta por falta de inversiones y de políticas adecuadas.
En el paroxismo de este ambiente de temor en el que cada semana nos obsequian con una nueva advertencia de posibles ataques, han surgido ideas tan descabelladas como la de suspender las elecciones de noviembre si se convierten en blanco de un atentado masivo.
El autor de la idea es DeForest B. Soaries, director de la Comisión Federal de Asistencia Electoral, una agencia creada por la Administración Bush, quien escribió una carta al Departamento de Seguridad Interna (DHS) y otra a los líderes del Congreso señalando la necesidad de establecer un mecanismo para postergar las elecciones en caso de un ataque terrorista antes o durante los comicios.
El reverendo Soaries, un pastor afroamericano y ex secretario de Estado de New Jersey, de afiliación republicana, también menciona en sus misivas que las fuertes medidas de seguridad en el día de las elecciones podrían intimidar a algunos votantes y causar abstencionismo.
Se esperaba que Soaries hablara este fin de semana durante la Conferencia Anual de Secretarios de Estado, que se realiza en Nueva Orleáns, donde muchos de los participantes ansían oír más detalles sobre su preocupante propuesta.
El presidente Bush no ha hecho comentarios sobre esta idea, pero más de un analista político ha señalado que postergar las elecciones sería ventajoso para él.
Condoleezza Rice, la consejera de Seguridad Nacional de Bush, descartó la posibilidad de aplazar los comicios, durante una entrevista en CNN, enfatizando que ni en la Guerra Civil ni en las dos guerras mundiales del siglo pasado se habían suspendido las elecciones presidenciales.
¿Qué evento catastrófico podría provocar la suspensión de las elecciones? Se ha mencionado un intento de asesinato del presidente o del aspirante demócrata a la Casa Blanca (John Kerry), un ataque bioquímico masivo en las mayores ciudades del país, una falla total del suministro eléctrico en el 75% del territorio nacional o un virus informático que causara la paralización completa de las computadoras y sistemas de comunicación.
Para realizar un atentado de tal magnitud los terroristas tendrían que disponer de sofisticadas técnicas, equipos y entrenamiento que no creo estén ahora a su alcance.
La democracia debe seguir y tenemos que asegurarnos de hacer fracasar cualquier intento de interrumpir las elecciones del 2 de noviembre, venga de donde venga.
Jaime E. Olivares fue editor metropolitano de La Opinión.
jaime@sierranet.us
10 julio 2004
Las trampas del antiterrorismo
Jaime E. Olivares
La Opinión, 10 de julio de 2004
El estado permanente de terror en que nos mantiene la guerra contra el terrorismo está siendo aprovechado por los extremistas de siempre que buscan limitar —y hasta eliminar— derechos fundamentales de los habitantes de este país.
Recurriendo al miedo y a las constantes advertencias sobre amenazas de vagos y catastróficos ataques contra nuestras ciudades, varios políticos intentan establecer controles y sistemas de vigilancia cada vez más estrictos sobre las actividades y las ideas de la población. Medidas que nos alejan de la ansiada vuelta a la normalidad después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y nos acercan a lo que muchos califican como un estado policial.
Esta semana fracasó en el Congreso otro intento de revocar partes de la Ley Patriota, diseñada para prevenir el ingreso y las actividades de grupos terroristas en Estados Unidos que, de paso, nos incluye a todos en una difusa y demasiado amplia categoría de sospechosos.
La derrotada enmienda a la Ley Patriota pedía simplemente la eliminación del control de lo que lee la gente en las bibliotecas públicas. Una aspiración que peca de modesta, a mi modo de ver.
¿Qué tiene que ver lo que lee la gente con la seguridad del país? Quién sabe. Quizá los sagaces sabuesos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) esperan llevar un perfil individual actualizado de los amantes de la lectura, incluyendo nombre, dirección y otros datos personales.
¿Cuáles son los libros considerados “sospechosos” por las autoridades? Tampoco sabemos. No hay listas negras y ni siquiera indicios de lo que buscan. Pero sí hay algo claro: para los autores y defensores de la Ley Patriota, la gente que lee es sospechosa.
Esto me recuerda a las perseguidas y heroicas redes clandestinas de lectores en el Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, a las torturas de intelectuales por la Santa Inquisición y a las neronianas hogueras alimentadas con libros en las calles de Santiago tras el golpe militar de Pinochet.
Pero bueno, regresando al aquí y ahora, no todo fue negativo en las acciones del Congreso estadounidense esta semana.
La Cámara de Representantes rechazó otra enmienda dirigida a supuestamente “mejorar la aplicación de las leyes federales y los esfuerzos antiterroristas”, que habría forzado a los policías locales a denunciar a los inmigrantes indocumentados a las autoridades federales.
La enmienda, presentada por el congresista Steve King, republicano de Iowa, fue rechazada incluso por sus mismos compañeros de partido. El legislador pedía que se prohibiera la entrega de fondos federales de asistencia a cualquier agencia o funcionario de los gobiernos estatales o locales que se negara a informar sobre el estatus migratorio de las personas al Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Este fue un nuevo intento de conseguir que los policías y alguaciles locales se conviertan en agentes de inmigración, una idea que ha sido rechazada incontables veces por la comunidad y por la mayoría de las autoridades en California.
En Los Angeles tenemos la Orden Especial 40, que prohíbe expresamente a los agentes del LAPD que pregunten su estatus migratorio a las personas que detienen o que interrogan. Una medida que ha servido para fomentar, en parte, la confianza de los inmigrantes hacia las autoridades locales y que ha evitado que muchos crímenes queden impunes o sin denunciar.
Sin embargo, en el ambiente de temor que prevalece por la guerra antiterrorista, están surgiendo muchas voces propiciadas por grupos antiinmigrantes que piden eliminar la Orden Especial 40.
No sería raro que, en un futuro próximo, tengamos otra vez el debate sobre esta controversia en el foro político angelino.
El sheriff Lee Baca ya se ha encargado de lanzar el tema al tapete. Agobiado por los problemas financieros del Departamento del Sheriff , Baca ha propuesto que un grupo de alguaciles especialmente entrenados se unan a los tres funcionarios de inmigración que hay ahora en las cárceles bajo su jurisdicción, para averiguar el estatus migratorio de los reclusos. Esto aceleraría la deportación de indocumentados tras cumplir sus condenas, aliviando en un 23% la sobrepoblación carcelaria que le cuesta millones de dólares adicionales al condado.
Baca, que ha recibido la aprobación por parte del DHS, pero no de la Junta de Supervisores, dice que este sistema podría resultar en la deportación de cerca de 40 mil de los 170 mil reclusos que pasan anualmente por las cárceles del condado.
La idea aparenta ser justificable por su aspecto financiero, pero encierra un serio peligro para la independencia de los policías locales y las relaciones con la comunidad. De hecho, sentaría un precedente nefasto para Los Angeles que le daría argumentos legales a quienes buscan convertir a nuestros policías en agentes de inmigración.
Jaime E. Olivares fue editor metropolitano de La Opinión.
Jaime E. Olivares
La Opinión, 10 de julio de 2004
El estado permanente de terror en que nos mantiene la guerra contra el terrorismo está siendo aprovechado por los extremistas de siempre que buscan limitar —y hasta eliminar— derechos fundamentales de los habitantes de este país.
Recurriendo al miedo y a las constantes advertencias sobre amenazas de vagos y catastróficos ataques contra nuestras ciudades, varios políticos intentan establecer controles y sistemas de vigilancia cada vez más estrictos sobre las actividades y las ideas de la población. Medidas que nos alejan de la ansiada vuelta a la normalidad después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y nos acercan a lo que muchos califican como un estado policial.
Esta semana fracasó en el Congreso otro intento de revocar partes de la Ley Patriota, diseñada para prevenir el ingreso y las actividades de grupos terroristas en Estados Unidos que, de paso, nos incluye a todos en una difusa y demasiado amplia categoría de sospechosos.
La derrotada enmienda a la Ley Patriota pedía simplemente la eliminación del control de lo que lee la gente en las bibliotecas públicas. Una aspiración que peca de modesta, a mi modo de ver.
¿Qué tiene que ver lo que lee la gente con la seguridad del país? Quién sabe. Quizá los sagaces sabuesos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) esperan llevar un perfil individual actualizado de los amantes de la lectura, incluyendo nombre, dirección y otros datos personales.
¿Cuáles son los libros considerados “sospechosos” por las autoridades? Tampoco sabemos. No hay listas negras y ni siquiera indicios de lo que buscan. Pero sí hay algo claro: para los autores y defensores de la Ley Patriota, la gente que lee es sospechosa.
Esto me recuerda a las perseguidas y heroicas redes clandestinas de lectores en el Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, a las torturas de intelectuales por la Santa Inquisición y a las neronianas hogueras alimentadas con libros en las calles de Santiago tras el golpe militar de Pinochet.
Pero bueno, regresando al aquí y ahora, no todo fue negativo en las acciones del Congreso estadounidense esta semana.
La Cámara de Representantes rechazó otra enmienda dirigida a supuestamente “mejorar la aplicación de las leyes federales y los esfuerzos antiterroristas”, que habría forzado a los policías locales a denunciar a los inmigrantes indocumentados a las autoridades federales.
La enmienda, presentada por el congresista Steve King, republicano de Iowa, fue rechazada incluso por sus mismos compañeros de partido. El legislador pedía que se prohibiera la entrega de fondos federales de asistencia a cualquier agencia o funcionario de los gobiernos estatales o locales que se negara a informar sobre el estatus migratorio de las personas al Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Este fue un nuevo intento de conseguir que los policías y alguaciles locales se conviertan en agentes de inmigración, una idea que ha sido rechazada incontables veces por la comunidad y por la mayoría de las autoridades en California.
En Los Angeles tenemos la Orden Especial 40, que prohíbe expresamente a los agentes del LAPD que pregunten su estatus migratorio a las personas que detienen o que interrogan. Una medida que ha servido para fomentar, en parte, la confianza de los inmigrantes hacia las autoridades locales y que ha evitado que muchos crímenes queden impunes o sin denunciar.
Sin embargo, en el ambiente de temor que prevalece por la guerra antiterrorista, están surgiendo muchas voces propiciadas por grupos antiinmigrantes que piden eliminar la Orden Especial 40.
No sería raro que, en un futuro próximo, tengamos otra vez el debate sobre esta controversia en el foro político angelino.
El sheriff Lee Baca ya se ha encargado de lanzar el tema al tapete. Agobiado por los problemas financieros del Departamento del Sheriff , Baca ha propuesto que un grupo de alguaciles especialmente entrenados se unan a los tres funcionarios de inmigración que hay ahora en las cárceles bajo su jurisdicción, para averiguar el estatus migratorio de los reclusos. Esto aceleraría la deportación de indocumentados tras cumplir sus condenas, aliviando en un 23% la sobrepoblación carcelaria que le cuesta millones de dólares adicionales al condado.
Baca, que ha recibido la aprobación por parte del DHS, pero no de la Junta de Supervisores, dice que este sistema podría resultar en la deportación de cerca de 40 mil de los 170 mil reclusos que pasan anualmente por las cárceles del condado.
La idea aparenta ser justificable por su aspecto financiero, pero encierra un serio peligro para la independencia de los policías locales y las relaciones con la comunidad. De hecho, sentaría un precedente nefasto para Los Angeles que le daría argumentos legales a quienes buscan convertir a nuestros policías en agentes de inmigración.
Jaime E. Olivares fue editor metropolitano de La Opinión.
03 julio 2004
Villaraigosa: Una indecisión peligrosa
Por Jaime E. Olivares
El rumor ha corrido como reguero de pólvora en los últimos tres días: Antonio Villaraigosa anunciará su candidatura a la alcaldía de Los Angeles la próxima semana o la siguiente. Aunque sus voceros y allegados no han querido confirmarlo, se ven muchos rostros contentos entre sus partidarios y señales de preocupación entre sus posibles adversarios.
En un almuerzo del Current Affairs Forum, el jueves, Villaraigosa dijo a los comensales que le sería difícil rechazar un puesto en un posible gabinete de John Kerry, pero que su lugar estaba en Los Angeles. “Aquí es donde debo estar”, afirmó el concejal, absteniéndose de dar más detalles aunque aclarando que tomará una decisión “muy pronto”.
¿Esperando a Godot? La expectativa crece por momentos y para muchos sería demasiado decepcionante un desenlace negativo o postergado indefinidamente.
Es obvio que si Villaraigosa, actual copresidente de la campaña presidencial de Kerry entra en la contienda por la alcaldía, se planteará de inmediato una lucha feroz por los votos, respaldos políticos y contribuciones financieras entre él y el que sería su rival más poderoso: el ex presidente de la Asamblea, Bob Hertzberg.
Según cifras proporcionadas por la campaña de Hertzberg, el jueves en la noche ya habían alcanzado la meta de recaudar 600 mil dólares, y esperan llegar al millón en poco tiempo más. Tiempo que Villaraigosa está perdiendo al demorarse en presentar su candidatura.
El alcalde James Hahn, que está dispuesto a luchar hasta el final por su reelección pese a los pronósticos adversos, tenía más de un millón de dólares en efectivo en el último reporte oficial de contribuciones de campaña publicado en marzo por la Comisión de Etica de la ciudad. Muchos consideran que Hahn no tiene posibilidades, no importa cuánto dinero gaste en la campaña. Si pierde el puesto, sería el primer alcalde de Los Angeles en ser derrotado en las elecciones en más de 30 años.
Quizás tan importantes, o más, que las contribuciones de campaña serán los respaldos políticos y étnicos en esta contienda.
Villaraigosa cuenta con el apoyo mayoritario, pero no exclusivo, de los sindicatos debido a su historial estrechamente vinculado a las luchas por reivindicaciones laborales en Los Angeles y a su gestión pro derechos de los trabajadores en la Asamblea. Sin embargo, hay algunos líderes sindicales que estarían más dispuestos a inclinarse por Hertzberg o Hahn.
La candidatura del senador estatal Richard Alarcón, que tampoco se ve con muchas posibilidades, le restaría votos a Villaraigosa en el Valle de San Fernando, área donde también hay una extensa comunidad judía que presumiblemente se volcaría hacia el campo de Hertzberg.
Hay que recordar que el entonces concejal Alarcón provocó una profunda grieta entre latinos y judíos al derrotar por 31 votos, en las primarias demócratas de 1998, a su rival, el asambleísta Richard Katz, en la contienda por un escaño en el Senado estatal. Villaraigosa fue más tarde uno de los que trató de restañar las heridas entre ambas comunidades, lo que le valió un importante apoyo judío en su intento por llegar a la alcaldía en el 2001.
Por otra parte, la presencia del concejal Bernard Parks entre los candidatos a alcalde en las municipales del 2005, polarizará el voto afroamericano del sur de la ciudad que en el 2001 le dio el triunfo a Hahn. Los electores de esta comunidad se sintieron traicionados por Hahn cuando el alcalde negó a Parks un segundo período como jefe del LAPD en el año 2002.
Por último, y ya en el área de las curiosidades, tenemos en la contienda por la alcaldía a un genuino candidato republicano que se lanza de lleno contra los inmigrantes indocumentados en su plataforma electoral. Su postulación promete añadirle algo de salsa a la campaña.
Walter Moore, abogado criado en Florida y graduado en Princeton, afirma que “los extranjeros ilegales, por definición, no tienen derecho a estar aquí”. El ultraconservador candidato dice que, si es elegido alcalde de Los Angeles, ordenará a la policía “deportar a todo extranjero ilegal que encuentren”. Todo un reto para el ya vapuleado LAPD ¿Se habrá enterado de la Orden Especial 40?
En fin, esta campaña promete ser una de las más interesantes en los últimos tiempos y, una vez más, podríamos tener la posibilidad de elegir a un latino como alcalde de esta ciudad donde la mitad de la población es hispana. Depende de muchos factores pero, principalmente, de que participemos con nuestro voto.
Por Jaime E. Olivares
El rumor ha corrido como reguero de pólvora en los últimos tres días: Antonio Villaraigosa anunciará su candidatura a la alcaldía de Los Angeles la próxima semana o la siguiente. Aunque sus voceros y allegados no han querido confirmarlo, se ven muchos rostros contentos entre sus partidarios y señales de preocupación entre sus posibles adversarios.
En un almuerzo del Current Affairs Forum, el jueves, Villaraigosa dijo a los comensales que le sería difícil rechazar un puesto en un posible gabinete de John Kerry, pero que su lugar estaba en Los Angeles. “Aquí es donde debo estar”, afirmó el concejal, absteniéndose de dar más detalles aunque aclarando que tomará una decisión “muy pronto”.
¿Esperando a Godot? La expectativa crece por momentos y para muchos sería demasiado decepcionante un desenlace negativo o postergado indefinidamente.
Es obvio que si Villaraigosa, actual copresidente de la campaña presidencial de Kerry entra en la contienda por la alcaldía, se planteará de inmediato una lucha feroz por los votos, respaldos políticos y contribuciones financieras entre él y el que sería su rival más poderoso: el ex presidente de la Asamblea, Bob Hertzberg.
Según cifras proporcionadas por la campaña de Hertzberg, el jueves en la noche ya habían alcanzado la meta de recaudar 600 mil dólares, y esperan llegar al millón en poco tiempo más. Tiempo que Villaraigosa está perdiendo al demorarse en presentar su candidatura.
El alcalde James Hahn, que está dispuesto a luchar hasta el final por su reelección pese a los pronósticos adversos, tenía más de un millón de dólares en efectivo en el último reporte oficial de contribuciones de campaña publicado en marzo por la Comisión de Etica de la ciudad. Muchos consideran que Hahn no tiene posibilidades, no importa cuánto dinero gaste en la campaña. Si pierde el puesto, sería el primer alcalde de Los Angeles en ser derrotado en las elecciones en más de 30 años.
Quizás tan importantes, o más, que las contribuciones de campaña serán los respaldos políticos y étnicos en esta contienda.
Villaraigosa cuenta con el apoyo mayoritario, pero no exclusivo, de los sindicatos debido a su historial estrechamente vinculado a las luchas por reivindicaciones laborales en Los Angeles y a su gestión pro derechos de los trabajadores en la Asamblea. Sin embargo, hay algunos líderes sindicales que estarían más dispuestos a inclinarse por Hertzberg o Hahn.
La candidatura del senador estatal Richard Alarcón, que tampoco se ve con muchas posibilidades, le restaría votos a Villaraigosa en el Valle de San Fernando, área donde también hay una extensa comunidad judía que presumiblemente se volcaría hacia el campo de Hertzberg.
Hay que recordar que el entonces concejal Alarcón provocó una profunda grieta entre latinos y judíos al derrotar por 31 votos, en las primarias demócratas de 1998, a su rival, el asambleísta Richard Katz, en la contienda por un escaño en el Senado estatal. Villaraigosa fue más tarde uno de los que trató de restañar las heridas entre ambas comunidades, lo que le valió un importante apoyo judío en su intento por llegar a la alcaldía en el 2001.
Por otra parte, la presencia del concejal Bernard Parks entre los candidatos a alcalde en las municipales del 2005, polarizará el voto afroamericano del sur de la ciudad que en el 2001 le dio el triunfo a Hahn. Los electores de esta comunidad se sintieron traicionados por Hahn cuando el alcalde negó a Parks un segundo período como jefe del LAPD en el año 2002.
Por último, y ya en el área de las curiosidades, tenemos en la contienda por la alcaldía a un genuino candidato republicano que se lanza de lleno contra los inmigrantes indocumentados en su plataforma electoral. Su postulación promete añadirle algo de salsa a la campaña.
Walter Moore, abogado criado en Florida y graduado en Princeton, afirma que “los extranjeros ilegales, por definición, no tienen derecho a estar aquí”. El ultraconservador candidato dice que, si es elegido alcalde de Los Angeles, ordenará a la policía “deportar a todo extranjero ilegal que encuentren”. Todo un reto para el ya vapuleado LAPD ¿Se habrá enterado de la Orden Especial 40?
En fin, esta campaña promete ser una de las más interesantes en los últimos tiempos y, una vez más, podríamos tener la posibilidad de elegir a un latino como alcalde de esta ciudad donde la mitad de la población es hispana. Depende de muchos factores pero, principalmente, de que participemos con nuestro voto.
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