31 mayo 2004

Caídos en una guerra insensata

Jaime E. Olivares

31 de mayo de 2004

En el día en que se honra a los soldados de Estados Unidos caídos en las guerras en que este país —justificada o injustificadamente— ha intervenido, nuestros pensamientos están con las familias de aquellos que sucumbieron en el campo de batalla.
Especialmente con las de los más de 800 soldados, hombres y mujeres, en su gran mayoría menores de 30 años, que han fallecido hasta ahora en la insensata guerra de Irak, basada en mentiras y oscuros motivos.
Las familias de California y Texas han sido las más golpeadas por este conflicto en el que los únicos triunfadores son los intereses de las multinacionales petroleras y algunas otras empresas que lucran de jugosos contratos para la llamada “reconstrucción” de Irak.
Más de 100 de las 805 bajas estadounidenses en los 15 meses de duración de la guerra son soldados latinos, de acuerdo a un recuento de apellidos hispanos en la lista de caídos del Departamento de Defensa. Veintiséis de ellos son de California y 27 de Texas. No sabemos cuántos de los 4,500 heridos son hispanos.
Es imposible dejar de recordar a José Gutiérrez, un infante de Marina nacido en Guatemala que murió en combate el 21 de marzo de 2003, a los 22 años de edad, y se convirtió en la primera víctima latina de esta guerra. Gutiérrez era huérfano, llegó a este país a los 14 años, como indocumentado, y vivía con su familia adoptiva en Lomita, cerca de Los Angeles.
Dos días después de la muerte de Gutiérrez, un latino de Texas, el sargento Edward J. Anguiano, de 24 años y residente de un suburbio de Brownsville, perdió la vida en una emboscada y se truncaron para siempre sus sueños de desarrollar un terreno que tenía su familia en el Valle del Río Grande.
Ese mismo 23 de marzo fue abatido otro latino, el infante de Marina Jorge A. González, de apenas 20 años de edad, que se crió en El Monte. En la noche de esa fatal jornada, sus padres vieron en un noticiero de televisión imágenes de soldados estadounidenses muertos y reconocieron a su hijo entre ellos. Cuando al día siguiente llegó la delegación de marines a darle la mala nueva, ellos ya lo sabían. Su esposa Jazty había dado a luz al primer bebé de la pareja 20 días antes.
El 29 de marzo murió el infante de Marina Jesús A. Suárez del Solar, un joven de 20 años de edad cuyo padre, originario de Tijuana, lo había traído a California en 1997 para que cumpliera su sueño de ingresar al cuerpo de Infantería de Marina. Tenía un hijo de 16 meses con su esposa Sayne. Tras la muerte del marine, su padre Fernando Suárez del Solar creó una fundación de ayuda a las familias de soldados fallecidos y emprendió una campaña para exigir el retiro de las tropas estadounidenses de Irak, Más adelante viajó a ese país y visitó el lugar en que fue abatido su hijo.
Estas son, en forma muy resumida, algunas de las historias de los héroes caídos en combate en los primeros días de la guerra contra Irak. Hay otras 800 historias similares que pudieran ser contadas. Y la cantidad aumenta cada día.
Además de los que perdieron la vida, están también los que han regresado con heridas físicas y psicológicas permanentes. Los que jamás volverán a ser como antes porque la guerra los dejó marcados para siempre. Es una generación de jóvenes traumatizados por una aventura siniestra y mortal en la que se vieron obligados a participar.
Más allá del patriotismo artificial utilizado por algunos para conseguir fines nada patrióticos, muchos se preguntan si vale la pena tanta muerte y sufrimiento, tanto gasto y sacrificio.
El fantasma de Vietnam ronda por la mente de la mayoría de los estadounidenses. Comienzan a surgir voces críticas cada vez más fuertes y sugerencias de que alguien tiene que ser responsabilizado al más alto nivel por esta catástrofe. La congresista Nancy Pelosi ha llamado “inepto” al presidente George W. Bush. El ex vicepresidente Al Gore pidió la renuncia de la plana mayor estratégica de Bush, incluyendo al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, la consejera de Seguridad Nacional Condoleezza Rice, y el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), George Tenet, entre otros. Es probable que la infortunada aventura iraquí le cueste la reelección a Bush.
Mientras tanto, recordemos y honremos en este día a los héroes reales de esta guerra que dieron su vida por un ideal y un país en los que creían con toda su alma.

24 mayo 2004

Extremismo antiinmigrante

Jaime E. Olivares

24 de mayo de 2004

El congresista republicano de Colorado Tom Tancredo, conocido por sus posiciones antiinmigrantes, otra vez está haciendo de las suyas. Ahora quiere aplicar un impuesto a las remesas de dinero que los inmigrantes envían a sus familiares en sus países de origen.
De acuerdo a un comunicado de prensa, la idea le vino hace una semana después de enterarse de un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el que se reporta que los inmigrantes enviarán este año 30,000 millones de dólares a sus familias en el exterior, la mayor parte a México.
El congresista sugirió que parte del dinero recaudado por ese impuesto iría a reforzar la vigilancia de la frontera.
Los asesores de Tancredo indican también que, aunque la idea sólo está en etapa de estudio y no hay todavía datos específicos, el impuesto podría ser del 5%. Eso significa que, además de las tarifas no del todo bajas que cobran las compañías de envíos de dinero, los inmigrantes se verán forzados a pagar ese impuesto que reduciría aún más el valor de su remesa.
Significa, además, que el fisco se estaría quedando con 1,500 millones de los dólares duramente ganados por inmigrantes que trabajan de sol a sol en los empleos más difíciles y peor remunerados.
Este sería un impuesto injusto que gravaría a un sector específico de la población y afectaría desproporcionadamente a la comunidad latina. Es el equivalente a poner un impuesto a las personas que tienen la piel canela o apellidos hispanos.
Otra de las posibilidades mencionadas por un asesor del congresista es la de reducir la ayuda monetaria a los países que reciben remesas. Es decir, castigar a las naciones de donde proceden los inmigrantes que envían dinero. ¿Por qué? ¿Por respetar el derecho de todo ser humano de desplazarse libremente dentro y fuera de su país? ¿Por no tener una economía que permita el pleno empleo y haga menos atractivo a sus ciudadanos salir al exterior para buscar trabajo?
En todo caso, como todos se darán cuenta, si se reduce la ayuda a esos países habrá menos empleos disponibles en ellos y más personas se verán impulsadas a venir a Estados Unidos en busca de oportunidades.
La idea de Tancredo es absurda, además, en otro sentido. Si su intención es perjudicar todavía más a los indocumentados para persuadirlos a que se regresen a sus países de origen, la medida que propone no los afectará tanto a ellos como a los inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses de origen latino (o filipino, o indio o chino).
No creo que haya estadísticas muy exactas acerca de cuál es la proporción de indocumentados entre las personas que envían dinero a sus familias en el exterior, pero estoy seguro de que el mayor volumen de dinero de las remesas viene de inmigrantes legales que viven aquí y tienen empleos un poco mejor pagados que los de los indocumentados.
Muchos de estos inmigrantes legales son ciudadanos estadounidenses —o están muy cerca de serlo— y pueden con su voto influir para que esta clase de medidas no lleguen jamás a convertirse en ley.
Tancredo, tiene un historial de promover iniciativas antiinmigrantes. Entre las más recientes, una dirigida a despojar a los indocumentados de servicios sociales básicos en Colorado. Es una propuesta de enmienda constitucional llamada Salve a Colorado Ahora, similar a la llamada SOS (Salve a Nuestro Estado) de Ron Prince, en California, prohibiría también que esos inmigrantes reciban ayuda económica del estado y permitiría a los residentes de Colorado demandar a las agencias que proveen servicios a los indocumentados.
Grupos que abogan por los derechos de los inmigrantes en Colorado entablaron una demanda para impedir que esa iniciativa llegue a la boleta electoral de noviembre, pero la Suprema Corte del estado falló en favor de la campaña de Tancredo y permitió que el comité que la apoya continúe recolectando las 68 mil firmas de votantes que requiere para ser sometida a los electores.
Tancredo forma parte del grupo extremista antiinmigrante del ala derecha republicana que va en dirección contraria a la actual tendencia legislativa de regularizar la condición migratoria de millones de trabajadores extranjeros que contribuyen a la economía de este país y al crecimiento de las empresas en que laboran.
Sólo nos cabe esperar que si Tancredo llega a convertir su idea en un proyecto de ley, éste sea rechazado en el Congreso de la misma manera que lo fue el engendro del republicano Dana Rohrabacher que buscaba convertir a los médicos y enfermeras en agentes de inmigración para que denunciaran a los enfermos indocumentados a las autoridades.

10 mayo 2004

Jóvenes sin futuro y el futuro de California

Por Jaime E. Olivares

Una creciente oleada de niños y adolescentes latinos en California, que se nutre de altos índices de natalidad e inmigración, se está estrellando contra los arrecifes de la pobreza, la falta de educación y la carencia de acceso a servicios de salud.
En el estado más rico del país, que necesita con urgencia jóvenes preparados para mantener y mejorar su nivel de quinta potencia económica mundial, la generación natural de relevo está siendo no sólo descuidada sino también atacada y desperdiciada.
De los casi 10 millones de menores de 18 años que residen en California, alrededor de 4.5 millones son latinos, y la proporción va aumentando a medida que la población anglosajona -y de otros grupos étnicos- envejece y se reduce su tasa de nacimientos.
Este segmento de jóvenes latinos es el llamado a formar la primera mayoría no anglosajona en 150 años en California, desde más o menos la época en que el estado pasó a manos de Estados Unidos tras el Tratado de Cahuenga, en 1847, cuando México se vio obligado a ceder el territorio.
Sin embargo, pese a que los menores latinos de hoy convertirán a esta comunidad étnica en la mayoría de la población adulta del estado en los próximos diez años, el poder político y económico seguirá estando en manos de los estadounidenses de origen europeo, o “blancos”.
Esto plantea una situación crítica, que puede transformarse en algo similar a la del tristemente famoso apartheid, en Sudáfrica, donde una minoría blanca controlaba y reprimía brutalmente a la mayoría negra, negándole acceso a los centros de decisión financiera y gubernamental.
De acuerdo a cifras de NALEO, alrededor del 16% de los electores registrados en California son latinos, aunque más del 33% de la población en edad de votar del estado (mayores de 18 años), pertenece a este grupo étnico. Además, los votantes latinos exhiben, desgraciadamente, un bajo nivel de participación electoral.
Esa abismante brecha permite que la minoría blanca (49% de la población, 80+% de los votantes) siga dominando y tomando decisiones que muchas veces van en contra de los intereses de los latinos y otras minorías.
Muchos de los casi 4.5 millones de menores latinos que viven hoy en California se convertirán en electores en los próximos años. Pero también habrá una proporción significativa que no podrá registrarse para votar debido a que no son ciudadanos estadounidenses. Es urgente y necesario que se aprueben leyes para ayudarlos a obtener la ciudadanía e incorporarlos al proceso democrático.
Es cierto que se han logrado avances gracias a organizaciones que han luchado duramente por los derechos políticos, como SVRI, NALEO, MALDEF, LULAC. Por ejemplo, el número de legisladores estatales latinos aumentó de 14, en 1996, a 27 en el 2003. Pero no ha sido suficiente. Incluso esa cifra es apenas casi la mitad de lo que debería ser.
En el aspecto socioeconómico, la participación latina, aunque ha mejorado respecto a la década anterior, sigue siendo desproporcionadamente inferior.
Menos del 1% de los profesionales como médicos, ingenieros, abogados y arquitectos de California son latinos, según cifras del Censo 2000. Una proporción exigua y similar se da en los puestos gerenciales de las empresas y bancos californianos.
¿Cuál es la causa? Básicamente la falta de acceso a la educación superior y las altas tasas de deserción escolar en nuestra comunidad.
Los recortes a los presupuestos de las universidades públicas y colegios comunitarios, así como los aumentos de las tarifas de las matrículas, están haciendo estragos entre los estudiantes de minorías que buscan adquirir los conocimientos y grados que les permitan incorporarse a la corriente principal de esta sociedad en lugar de quedar marginados como sus padres.
Las escuelas primarias y secundarias, apegadas a esquemas rígidos y obsoletos de enseñanza que ignoran la nueva demografía del estado, han fracasado en motivar a los estudiantes y proveerles los conocimientos que necesitan para ingresar a la educación superior, incluyendo el dominio del inglés. El resultado es patente: sólo el 27.4% de los estudiantes latinos reunían los requisitos para ser aceptados en las universidades públicas entre 1998 y 2001 (Children Now), comparado con el 43.6% de los blancos y el 64.4% de los asiáticos.
Con una situación como esta, California se verá obligada en un futuro muy próximo a importar los profesionales que necesita para mantener su industria, comercio y avanzada tecnología a un nivel competitivo.
La mayoría latina no estará preparada para asumir el papel de liderazgo político y económico que le corresponde, quizás porque a los que actualmente controlan el poder no les interesa ni les conviene.

Comentarios a: jaime@sierranet.us

03 mayo 2004

El pecado original de los niños indocumentados

Jaime E. Olivares

03 de mayo de 2004

Cientos de miles de niños nacidos en diferentes países de América Latina, principalmente mexicanos y centroamericanos, viven en Estados Unidos una precaria existencia, despojados de muchos derechos y en un constante riesgo de ser deportados, por el sólo “delito” de haber venido aquí ilegalmente con sus padres. Es como su pecado original, como una marca de nacimiento: culpables de algo que jamás cometieron.
Muchos de ellos ni siquiera saben que son indocumentados y suelen enterarse cuando, ya adolescentes, necesitan realizar trámites oficiales relacionados con sus estudios.
Además, con frecuencia son el blanco de ataques racistas por parte de políticos, grupos y organizaciones antiinmigrantes que buscan, por todos los medios, privarlos de los pocos derechos que les quedan, como la educación pública y los programas de salud del gobierno.
Recordemos que la Proposición 187, aprobada en 1994 por una gran mayoría de los votantes californianos tras una campaña de odio sin precedentes contra el inmigrante latino, afectaba desproporcionadamente a los niños. Afortunadamente esa ley fue anulada por las cortes debido a que sus radicales disposiciones eran inconstitucionales, como las que prohibían que las escuelas públicas admitieran estudiantes indocumentados o que las clínicas subsidiadas les proveyeran vacunas u otros servicios médicos.
Aún sin la 187, las condiciones en que se encuentran los menores indocumentados, que ahora son una especie de subclase marginada de nuestra sociedad, constituyen una violación a los derechos humanos y a los derechos del niño, de acuerdo a los principios establecidos por las Naciones Unidas.
Es trágico que niños que se han criado aquí, que han absorbido y asimilado la cultura dominante en las escuelas, que se consideran estadounidenses y cuyo idioma principal es el inglés, descubran de pronto que no son iguales a los demás y que están en un nivel muy inferior al de sus compañeros respecto a la realización de sus potencialidades, aspiraciones y sueños.
Una de las barreras más serias que enfrentan los menores indocumentados es su falta de acceso pleno a la educación, lo que los deja sin los conocimientos y diplomas necesarios para entrar en el cada vez más competitivo mercado laboral.
California dio un paso gigantesco para eliminar, en parte, esa barrera cuando el entonces gobernador Gray Davis firmó, en el año 2001, la ley AB 540, del asambleísta Marco Antonio Firebaugh, que permitió que los estudiantes indocumentados pudieran ingresar a colegios comunitarios y universidades estatales pagando las mismas tarifas que cualquier residente del estado. Para poner un ejemplo del significado de esta ley, baste decir que en el año 2002, cuando se comenzó a aplicar la medida, un estudiante indocumentado pagaba una matrícula de alrededor de cuatro mil dólares en el sistema de la Universidad de California (UC), en lugar de los 15 mil que pagaba antes por no ser considerado residente del estado.
Esta legislación, sin embargo, no soluciona el problema principal de estos estudiantes: su condición migratoria irregular. Debido a que las políticas de inmigración son potestad del gobierno federal, ninguna ley estatal puede modificarlas.
La dramática situación de los estudiantes indocumentados llamó la atención de algunos miembros del Senado federal. Los senadores Orrin Hatch, republicano de Utah, y Richard Durbin, demócrata de Illinois, introdujeron un proyecto de ley bipartidista conocido como Dream Act (S. 1545), que permite a los estados decidir sobre la cláusula de residencia para ingresar a los planteles de educación superior, prohíbe la deportación de estudiantes indocumentados y les da la posibilidad de obtener la residencia legal si cumplen con ciertos requisitos.
El proyecto de ley de Hatch y Durbin cuenta con el respaldo de cerca de 40 senadores federales, pero está inmovilizado en un comité del Senado.
Una legislación similar fue introducida en la Cámara de Representantes por los congresistas Chris Cannon, Lucille Roybal-Allard y Howard Berman. Llamada Ley de Ajuste de Estudiantes (H. R. 1684), básicamente contiene las mismas disposiciones de la iniciativa del Senado dirigidas a impedir la deportación y dar una posibilidad de ajuste migratorio a los estudiantes indocumentados.
También este proyecto de ley, que cuenta con el respaldo de más de 130 congresistas, se encuentra estancado en un subcomité de la Cámara de Representantes, en gran parte debido a la oposición de congresistas republicanos que están siendo fuertemente presionados por organizaciones conservadoras y antiinmigrantes.
Las organizaciones de derechos humanos, de defensa de los niños y grupos comunitarios y educativos deben iniciar una masiva campaña nacional dirigida a presionar por la aprobación de estos proyectos de ley. Hay que sacar de las sombras y de la marginalidad a estos niños que, sin ninguna culpa de su parte, han sido marcados con el hierro de la discriminación y condenados a un futuro sin esperanza.

jaime@sierranet.us